DESPERTAR SOCIAL Y LA SENTENCIA DEL ‘PROCÉS’

Este martes, desde Despertar Social, hemos tenido la oportunidad de expresarnos con contundencia al respecto, en el transcurso de la tertulia televisiva Vozpópuli en Canalacosta TV. Nuestro Presidente, Pablo Gea, ha argumentado en favor del acatamiento de la Sentencia, un fallo motivado por las pruebas que se han podido valorar judicialmente en un proceso legal con todas las garantías. Frente al eslogan propagandístico de los independentistas, las condenas que se han producido se han llevado a cabo no por tratar de organizar unos comicios democráticos o por las convicciones ideológicas de estos excargos públicos, sino por las pruebas fehacientes que permiten encajar su actitud dentro de los tipos penales en cuestión. No se trata, pues, de mártires encerrados de manera injusta, sino de personas que han instrumentalizado unas instituciones representativas que están al servicio de todos para oponerse a las resoluciones del Tribunal Constitucional y realizar una consulta ilegal sin las más mínimas garantías jurídicas, por medio de la puesta en marcha de ocupaciones de edificios públicos y otros actos violentos, que son los que les han sentado en el banquillo.

     El Presidente Torra y el resto del mundo independentista, lejos de acatar la sentencia, han declarado sin dejar lugar a dudas su intención de persistir por la senda de la ilegalidad, avalando las reacciones violentas que han provocado y seguirán profundizando en la rebelión civil que actualmente se vive en Cataluña y que ha dividido a toda España. Pese a todo, el Tribunal supremo ha desestimado los argumentos de la Fiscalía a favor del delito de Rebelión, y se ha avenido a las posiciones de la Abogacía del Estado, que modificó su postura tras el acceso de Pedro Sánchez y del PSOE al Gobierno del país para tratar de ganarse un apoyo de los independentistas catalanes que entonces necesitaba y que a día de hoy, continúa necesitando. En Despertar Social nos posicionamos claramente por actuar con todos los medios necesarios, aplicación del artículo 155 mediante, contra una Generalitat que ha empleado su control de la Educación Pública y de la Televisión para adoctrinar en el odio y lavar el cerebro de los más jóvenes, creando una legión de independentistas que, ahora, tienen edad para votar y para ser votados, en un clima de odio al resto de España y al resto de los catalanes que no son independentistas.

     También hemos tenido oportunidad de analizar la cuestión de la exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, algo que en sí mismo no debiera de suponer un problema para un país democrático, si no fuera porque se trató de una maniobra especialmente orquestada por el PSOE para dividir a los españoles y criminalizar a sus rivales políticos, tachando de ‘fascista’ o ‘franquista’ a quien se ha negado a adherirse a sus postulados. Una maniobra, hemos insistido, no dirigida a reparar la dignidad de las víctimas que deben ser sacadas de las fosas comunes cuanto antes, sino a generar una pantalla de humo para camuflar el hecho de que el PSOE decidiera aliarse con los independentistas catalanes y los herederos de ETA para gobernar y no celebrar las prometidas elecciones que eran necesarias para España después del fracaso del gobierno del Partido Popular. Sólo la reconciliación basada en el estudio científico de la Historia puede solucionar los entuertos y enterrar los pecados. En modo alguno una política revanchista pilotada por quienes se identifican con los que perdieron la guerra, presentándose como demócratas a la vez que silencian la naturaleza dictatorial del Frente Popular, los crímenes cometidos por los frentepopulistas y el historial criminal de las formaciones que lo componían, a la cabeza de los cuales se sitúan los del PSOE y los del Partido Comunista de España.

     Finalmente, las propuestas de Más País, la formación de Íñigo Errejón, en materia laboral nos ha permitido profundizar en las carencias y problemas del mercado laboral español. Un panorama jalonado por la irregularidad y la falta de control, en el que las jornadas laborales son amplias y mal pagadas, y los puestos de trabajo son precarios. Las horas extras que no se pagan, la nefasta cultural de la infravaloración del mérito y de la aceptación de trabajos muy mal pagados como un regalo ‘perdonavidas’ por parte de algunos empresarios, han dado lugar a que la clase media y trabajadora española se vea cada vez más fuera de juego y alejada de partidos políticos que sólo se acuerdan de los poderes fácticos que les financian y de sus minorías privilegiadas que no son otra cosa más que caladeros de votos para las elecciones de turno. Lo fundamental, señalamos, son las condiciones laborales que tiene el trabajador, así como la muy necesaria labor de los inspectores laborales, que tengan capacidad efectiva para controlar la forma en que se desarrollan las actividades encomendadas y puedan atajar con rapidez y efectividad las irregularidades. Frente a las propuestas propagandísticas, las medidas necesarias para que el mercado laboral español no desperdicie a sus jóvenes y les obligue a marcharse fuera pasan por el blindaje de los derechos sociales y por propuestas realistas, que adecuen el trabajo efectivo a las horas pactadas en contrato, y persigan con dureza el esclavismo de las horas extracontractuales con las que en demasiadas ocasiones se chantajea a los trabajadores.