Cuando la excepción se convierte en normalidad

Este es el camino que hemos emprendido. Que la represión sea la norma y la libertad la excepción.

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2 pensamientos sobre “Cuando la excepción se convierte en normalidad

  1. Todos los estados, de las ideologías más diversas, y de la más vasta tradición democrática han adoptado medidas que recortan las libertades obligados por unas circunstancias excepcionales. Atizar a un gobierno democrático por este hecho no lo veo adecuado. Hay muchas cosas criticables pero pedir que se tomen medidas y quitarle el «metro» no es razonable. Sin recorte de libertades, no hay medidas. Y Pedro no controla whatsapps, más quisiera.

    1. El único ‘metro’ válido en un Estado de Derecho es la legalidad vigente. Retorcer esa legalidad para crear un entramado de medidas excepcionales sin el amparo mismo de dicha legalidad, no es democrático. Es preciso recordar que un Gobierno, sea de la ideología que sea, no sólo es democrático por su origen -las urnas- sino también por su práctica -sujeta a la ley-. No será la primera vez ni la última que un Gobierno emanado del voto popular utiliza esa legitimidad para violar la ley que debe preservar y defender.

      El Estado de Alarma debe someterse a una prórroga parlamentaria cada 15 días. Con lo cual, no puede el Gobierno decretar uno de seis meses de duración ininterrumpida sin control parlamentario, salvado este por una comparecencia meramente informativa sin refrendo alguno. Salvo que el Tribunal Constitucional lo avalase -de lo cual tengo mis dudas- se trata de una ilegalidad flagrante. Si se quiere crear un instrumento útil para atajar la pandemia, lo idóneo hubiese sido, o bien reformar la ley que regula lo estados de Alarma, Excepción y Sitio, o aprobar una ley nueva que facultara al Gobierno y a las CCAA para tomar las medidas precisas. Pero no puede apreciarse como correcto el saltarse la ley por ‘causas de fuerza mayor’ o ‘emergencias varias’.

      Cierto es que Sánchez no controla WhatsApp. Ya quisiera, en efecto. Pero no es menos cierto que desde el Ministerio del Interior emanaron órdenes para controlar las opiniones ‘discrepantes’ en redes sociales vía orden ministerial, al margen de cualquier control judicial. Y tampoco que se forzó a los operadores a hacer lo propio, con mayor o menor fortuna. Como tampoco lo es que la nueva legislación relativa a las telecomunicaciones se proyecta en dicha dirección (como se refleja en el anteproyecto), sustrayendo al control judicial la aplicación de estas medidas.

      Cuestión diferente es que haya quien considere esto adecuado y democrático. Libre es, qué duda cabe. Como también se es de señalar lo contrario.

      Un saludo y gracias por comentar.

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