PEDRO SÁNCHEZ. UN BALANCE DE FIN DE AÑO. PARTE 2: DERECHOS Y ECONOMÍA.

Su completa incapacidad de liderazgo durante la Pandemia ha quedado empequeñecida por la polarización política generada por el desarrollo de una agenda ideológica más preocupada por restringir las libertades de los opositores políticos y de cosechar los votos de las minorías que sostienen al Gobierno que por ejecutar una política social y económica coherente y sensata.

Pablo Gea – La Iniciativa

Aunque tienda a absolverse al Gobierno bajo la falacia de que, estuviera el gobierno que estuviera al frente de la gestión de la Pandemia, lo mismo habría sucedido, es incuestionable que los desatinos del recién estrenado Gobierno de Coalición no se han detenido ahí. Al margen de los supuestos alternativos, la responsabilidad de quien ostenta el bastón de mando y el análisis de los resultados arrojan una realidad de la que es imposible sustraerse. Lógicamente, quienes han apoyado y apoyan al Gobierno encontrarán todas las razones posibles para efectuar las trampas psicológicas que sean necesarias para zafarse de una verdad que, cada día más, se abre paso con imparable firmeza.

ATAQUE A LOS DERECHOS INDIVIDUALES

Dejando aparte el polémico debate acerca de si era conveniente o no emplear la fórmula jurídica del Estado de Alarma o el de Excepción para encarar esta situación de crisis, constituye algo innegable que, aprovechándose precisamente de esta situación de vulnerabilidad, desde el Gobierno se han implementado políticas encaminadas decididamente a laminar los derechos fundamentales previstos en la Constitución. Y no se está hablando aquí de la limitación inherente a toda situación de crisis, que no sólo es recomendable sino también necesaria. En esta dirección fue la legitimación para la Expropiación de viviendas privadas en caso de necesidad durante el Estado de Alarma que procedió a modificar el Plan Estatal de Vivienda por Orden Ministerial (lo cual no permite la Constitución), modificación que a día de hoy no ha sido derogada. Igualmente, también durante el Estado de Alarma, se resucitó la normativa aprobada anteriormente por los Gobiernos del Partido Popular que permitía el empadronamiento en los municipios de okupas y personas en situación de vivienda irregular, así como la libertad de empadronamiento de los reclusos.

Pero lo más increíble de todo fue la decisión del Gobierno, confirmada en televisión por el propio Ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, de monitorizar las opiniones de los ciudadanos emitidas por redes sociales para atajar supuestos ‘discursos de odio’ y ‘bulos’, con el apoyo de verificadores oficiales afines ideológicamente y encargando a José Félix Tezanos que sondeara de manera nada inocente la opinión de la sociedad ante esta posibilidad. Todo lo anterior quedó confirmado definitivamente cuando se filtró la existencia de un correo remitido por el Estado Mayor de la Guardia Civil a todas sus comandancias con la orden de ‘minimizar’ el clima contrario a la gestión del Gobierno y atajar las opiniones discrepantes con la línea oficial trazada desde Moncloa.

         La libertad de expresión parece haber sido algo problemático para el PSOE y Unidos Podemos. Por ello decidieron no correr riesgos y aprobar la tramitación parlamentaria de una Proposición de Ley a principios de noviembre para ‘eliminar los discursos de odio’ (léase, los no afines al Ejecutivo), lo que hay que poner en relación con el nuevo texto de la ley relativa a las telecomunicaciones todavía en preparación, que faculta al Gobierno para introducirse en los terminales móviles particulares para distribuir alertas sanitarias. Y también a comienzos de noviembre se publicó una Orden prevista para combatir la ‘desinformación’ por medio de la cual se crea un desarrolla un sistema de vigilancia, detección, monitorización e intervención de las comunicaciones ajeno al control del Poder Judicial y sólo dependiente del Poder Ejecutivo.

GUERRA AL PODER JUDICIAL

Desde el nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado quedó clara la nula importancia que para Sánchez y su Gobierno tiene la independencia del Poder Judicial. Lo que se ha ido poniendo de manifiesto por medio de la presión a que han sido sometidos los tribunales que instruyen causas contra el Gobierno debido a la pandemia o de las sanciones por ‘desobediencia’ que se han impuesto al albur de la Ley de Seguridad Ciudadana de forma errónea, al no ser este el instrumento legal que facultaba a los agentes para hacer cumplir las disposiciones de los decretos gubernamentales. La cosa no ha quedado aquí, sino que el mandato político emanado de la Fiscalía General del Estado se ha trasladado al resto de fiscalías hasta el punto de solicitar el sobreseimiento judicial o inhibirse en la investigación de estas causas.

         De nuevo ha tenido que ser la Unión Europea la que ponga en jaque al Gobierno, apercibiendo de la evidente erosión de la Separación de Poderes operada por las intenciones del Ejecutivo de limitar la capacidad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para efectuar nombramientos hasta tanto no se alcance un acuerdo para su renovación. Intención, por lo demás, más que evidente atendiendo a la reforma relativa a su elección planteada por la Coalición, que contempla una rebaja en las mayorías de cara su elección para así no tener que contar con la Oposición.

Y en relación con esto, no es casualidad que los contornos de la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) transiten por la eliminación del Juez de Instrucción (el que investiga la causa, diferente del que falla sobre ella) para entregar dicha investigación a la Fiscalía, ahora controlada por alguien sometido a los intereses del Gobierno. Algo que ni los más acérrimos defensores de las políticas gubernamentales pueden negar y que supone una ruptura completa e injustificada con el modelo procesal-penal español que, pese a sus carencias, permite combatir de alguna manera la creciente politización de la Justicia. El que hasta hace bien poco se haya estado debatiendo en el Parlamento si se controla o no al Poder Judicial respalda este último comentario.

INDEPENDENTISTAS Y HEREDEROS DE ETA

Ha sido este punto uno de los que más ha contribuido a polarizar políticamente a la sociedad española y que más oxígeno ha dado a la ultraderecha. El que un partido percibido como ‘constitucionalista’ se haya avenido a formar una coalición con otro partido explícitamente liberticida y totalitario como es Unidos Podemos ya de por sí ha dejado tocada el aura de fiabilidad política del PSOE. Pero el que se haya recabado su apoyo para una investidura de Gobierno primero y para la aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado después la ha dejado herida de muerte. Pues es una obviedad que las crecientes exigencias de privilegios fiscales, económicos y de imposición de políticas de inmersión lingüísticas han sido contestadas por el Gobierno por la vía del sometimiento más completo. En lo que constituye un chantaje constante con la continuidad de Pedro Sánchez en el Poder.

Si las políticas de acercamiento de presos etarras al País Vasco ya constituyen una moneda de cambio común independientemente del partido que esté gobernando, la aprobación de una Ley de Educación que elimina el castellano como lengua vehicular y otorga carta blanca las políticas de manipulación lingüística, cultural e histórica de las fuerzas independentistas que hasta hace dos días se estaban saltando las leyes en las calles de Cataluña y cuyos principales líderes han sido condenados como reos del Delito de Sedición, es algo que deja sin aliento. Pero no menos que el hecho de que el Gobierno se atreviera a negociar con un delincuente preso como Oriol Junqueras el apoyo de su partido a la prórroga del Estado de Alarma durante la Pandemia. O el que se haya avenido a negociar la modificación de los Delitos de Rebelión y Sedición en el Código Penal con las mismas formaciones que han impulsado y ejecutado conductas que casan con lo previsto dentro de estos tipos penales.

Pero quizás lo más escandaloso de todo haya sido la campaña mediática para blanquear a Bildu, un partido heredero de la banda terrorista ETA y que no sólo no condena el terrorismo, sino que ensalza pública y notoriamente a los propios terroristas. Estando como lo está, dirigido por uno de ellos, Arnaldo Otegui.

No se trata de una cuestión legal, puesto que, si los tribunales entienden que este partido y otros similares pueden participar en el juego democrático, es una decisión que hay que aceptar. Se trata de una cuestión ética y moral, que impide normalizar a quienes se jactan en su fuero interno de los asesinatos cometidos y que ven ahora, por medio de su apoyo al Gobierno de Sánchez, más cerca el cumplimiento de sus aspiraciones. El dominio del relato político les ha posibilitado situarse en una posición tan insólita como es aquella de dar lecciones de democracia y de derechos humanos. Pero es algo que ni a Sánchez ni a sus aliados parece importarles. Porque, si fuera así, ni habría salido investido con sus votos ni en sus Presupuestos se hubiera contado con su apoyo.

IMPUESTOS Y TRABAS BUROCRÁTICAS

En gestión económica tampoco se ha lucido el Gobierno Sánchez. Tanto es así que España se sitúa como el país del mundo desarrollado que más duramente (en términos económicos) ha sufrido el efecto de la Pandemia. Según se prevé, el PIB de 2019 no se recuperará, al menos, hasta el año 2023. Con una deuda pública totalmente desbocada, la contracción económica durante el año 2020, según datos por ofrecidos por la OCDE, es del 11,6%. Con este panorama, España se ha diferenciado del resto de países del entorno europeo, rechazando las recomendaciones provenientes de la propia Unión Europea. Así, mientras el resto de países han optado por una rebaja de la carga impositiva para dar un balón de oxígeno a un sector empresarial en crisis y que necesita desesperadamente de todo el apoyo del Gobierno para superar el bache, Pedro Sánchez y su Ejecutivo han optado por todo lo contrario: a saber, una subida del IRPF, una subida del IVA para las bebidas azucaradas (lo mejor para la Hostelería, en vez de bajárselo a los productos más saludables), un aumento de la carga impositiva del Impuesto sobre el Patrimonio y un incremento, en general de los impuestos sobre las ‘rentas altas’.

Las previsiones para el Empleo tampoco son nada buenas, puesto que se calcula que para 2021 la Tasa de Desempleo superará el 17 %. Dato que de por sí ya impresiona, lo hace aún más si se constata que España necesitaría 6.000 billones de dólares, cifras del stock de capital de la economía española según el INE. Por lo tanto, si el planteamiento de Sánchez pasa por nutrirse de las ayudas europeas, debe recordar que estas están fijadas por el plan de recuperación aprobado en un máximo de 140.000 millones. En coherencia con esto, constituye una política disparatada aquella seguida por el Gobierno de subir y mantener tanto el sueldo de los funcionarios como las pensiones, por no hablar ya de un aumento del Salario Mínimo que la situación económica no podría en modo alguno sostener. A la par, se ha generado un torrente enmarañado de regulación administrativa y burocracia que hace aún más difícil para los agentes económicos desempeñar su actividad con facilidad.

         Cabe concluir, pues, que el Gobierno de Pedro Sánchez no sólo no ha generado apenas aspectos positivos en su gestión, sino que, por el contrario, las consecuencias negativas ya se están haciendo presentes. Su completa incapacidad de liderazgo durante la Pandemia ha quedado empequeñecida, si cabe, por la polarización política generada por el desarrollo de una agenda ideológica más preocupada por restringir las libertades de los opositores políticos y de cosechar los votos de las minorías que sostienen al Gobierno que por ejecutar una política social y económica coherente y sensata. Un precio que los españoles vamos a pagar con creces en los años venideros.

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