Jueves, 25 de abril, 2024
Barcelona,
18°
Soleado

VENEZUELA: ELECCIONES EN EL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI. PARTE 1.

Venezuela es, a día de hoy, un Estado Terrorista que asesina a sangre fría a su propio pueblo.

         Maduro ha lanzado un golpe más en su pulso contra la Asamblea Nacional dominada por la Oposición, elegida en diciembre de 2015. Desde ese mismo instante, Nicolás Maduro y el resto del Oficialismo han hecho todo lo que ha estado en su mano para deslegitimar, boicotear, obstaculizar, obstruir y eliminar un parlamento que ponía en grave riesgo la Revolución Bolivariana, el sucedáneo de dictadura comunista implantada por Hugo Chávez y que ha sido conducida al desastre por quien, aún hoy, se esfuerza denodadamente por presentarse como el líder legítimo y constitucional de un país azotado por el conflicto civil encubierto.

VENEZUELA: ESTADO TERRORISTA.

Para esta ocasión, el escenario ha sido maquillado apropiadamente, para que no quede ninguna duda de quién tiene la sartén por el mango, y de que la política de hechos consumados está siempre por encima del legalismo que se empecinan en defender los que no tienen el dedo sobre el botón militar. Al menos en Venezuela, el país más inseguro y catastrófico de América Latina. Que ya es decir. El estado de cosas aquí queda magistralmente resumido por Amnistía Internacional en su Informe 2017/2018 sobre la situación de los Derechos Humanos en el mundo:

«Venezuela siguió en estado de excepción, prorrogado varias veces desde enero de 2016. Se eligió una Asamblea Nacional Constituyente sin la participación de la oposición. La fiscal general fue destituida en circunstancias irregulares. Las fuerzas de seguridad continuaron empleando fuerza excesiva e indebida para dispersar protestas. Cientos de personas fueron detenidas arbitrariamente. Se recibieron numerosas denuncias de tortura y otros malos tratos, incluida violencia sexual contra manifestantes. Se siguió utilizando el sistema judicial para acallar a la disidencia, incluso se empleaba la jurisdicción militar para procesar a civiles. Los defensores y defensoras de los derechos humanos fueron objeto de hostigamiento, intimidación y redadas. Las condiciones de reclusión eran extremadamente duras. La crisis alimentaria y médica siguió empeorando y afectaba especialmente a niños y niñas, personas con enfermedades crónicas y mujeres embarazadas. Aumentó el número de personas de ciudadanía venezolana que solicitaban asilo en otros países.«

Informe sobre la situación de los Derechos Humanos 2017/2018. Amnistía Internacional.

Venezuela es, a día de hoy, un Estado Terrorista que asesina a sangre fría a su propio pueblo. Empleando para ello a las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES), que, según un Informe de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, entre enero y mayo de 2019, atendiendo a las cifras oficiales, han efectuado 1.569 ejecuciones extrajudiciales.

La Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, ha cifrado en más de 2.000 las ejecuciones fuera de la ley llevadas a cabo por la dictadura chavista desde enero de 2020. Con una cifra similar se coronan las detenciones arbitrarias hasta octubre de 2019, la mayoría de ellas operadas por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la policía política del régimen bolivariano que ejerce un ascendente cada vez mayor sobre la población del país, que ya ha visto cómo más de tres millones de los suyos se han visto obligados a exiliarse a otros países de América Latina.

Todo ello en una nación que ordena ciberataques contra medios de comunicación incómodos, denunciados por diversas ONG, y en la que quienes ven vulnerados sus derechos elementales tampoco pueden acudir a los Tribunales, carcomido el Poder Judicial como lo está por las continuas interferencias del Ejecutivo para coaccionar sus resoluciones judiciales y para imponer tribunales militares ad hoc dedicados al enjuiciamiento a puerta cerrada de opositores políticos.

EMERGENCIA HUMANITARIA Y FRACASO ECONÓMICO.

Un contexto poco halagüeño para el germinar de elecciones legislativas libres. Especialmente atendiendo a la situación de Emergencia Humanitaria que existe en Venezuela, donde se calcula que más de siete millones de personas requieren de asistencia en esta materia, sin olvidar una tasa de Desnutrición Infantil que en julio de 2020 alcanzó el 15%. Ello a causa del desastre económico fruto de una mega-inflación que supera el 3.000%, con un salario mínimo interprofesional inferior al dólar y una caída del 35% del PIB en 2019. En lo que ha sido una política defendida por los intelectuales de cabecera del llamado ‘Socialismo del Siglo XX’ -entre los que se incluye nuestro flamante Ministro de Consumo Alberto Garzón-, el Gobierno Venezolano manipuló la divisa imprimiendo papel moneda para poder hacer frente a un gasto público desbocado y mantener baja a la vez la presión fiscal.

El resultado ha sido el mismo que el de Argentina: una inflación galopante que ha elevado los precios hasta un nivel tan alto que ha hecho imposible el abastecimiento de la población. Tanto es así que el país con las mayores reservas de petróleo del mundo se ve obligado a importar el crudo debido a los altos costes que en su país tiene la extracción y el refinado. En consecuencia: Venezuela no puede explotar sus reservas de petróleo, razón por la cual no puede venderlo y tiene que comprarlo.

Pero Maduro y los suyos se han sacado una solución de la manga, en su lógica criminal: han cedido la explotación de las minas a bandas de narcotraficantes ante la incapacidad del Estado para hacerlas rentables, las cuales han convertido sus respectivos territorios en el escenario de una salvaje guerra de bandas en la que los civiles son víctimas del fuego cruzado y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado participan en la violencia. Es lo que sucede con el Arco Minero del Orinoco, región de Venezuela que alberga las segundas reservas mineras más grandes del mundo, con 7.000 toneladas de oro entre otros minerales, incluido el coltán, de una importancia capital para la fabricación de dispositivos electrónicos.

El Gobierno venezolano se ha lanzado, junto con el apoyo de las otrora guerrillas revolucionarias colombianas ELN (Ejército de Liberación Nacional) y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) convertidas ahora en grupos criminales, a la explotación despiadada de esta nueva fuente de riqueza, de la cual sacan también tajada los altos oficiales militares corruptos, en un conflicto verdaderamente cruel que enfrenta al Gobierno, los militares y los grupos apoyados por los anteriores por un lado, contra los restantes grupos criminales contrarios al Gobierno por otro, e incluso a estos entre sí.

Con este telón de fondo, analizaremos los últimos comicios en la Revolución Bolivariana.

Autor

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Información básica sobre protección de datos Ver más

  • Responsable: Partido político DESPERTAR SOCIAL.
  • Finalidad:  Moderar los comentarios.
  • Legitimación:  Por consentimiento del interesado.
  • Destinatarios y encargados de tratamiento:  No se ceden o comunican datos a terceros para prestar este servicio. El Titular ha contratado los servicios de alojamiento web a Hostalia que actúa como encargado de tratamiento.
  • Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos.
  • Información Adicional: Puede consultar la información detallada en la Política de Privacidad.