VENEZUELA: ELECCIONES EN EL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI. PARTE 2.

Un operativo gubernamental enfocado a la manipulación del voto, a la coacción, a la extorsión y al chantaje de la población para obtener un resultado acorde con sus intereses.

La polémica con estas elecciones está servida tan sólo desde la óptica de quienes, de manera pertinaz, se han negado a reconocer el carácter fraudulento de las mismas. Carácter, por otra parte, que no puede ser otro atendiendo a las prácticas y a la naturaleza de la dictadura chavista, que si mantiene en funcionamiento una suerte de mecanismos parlamentarios, estos tan sólo constituyen un instrumento de márketing vacío de contenido y al servicio del poder dominante. Poder que impone su voluntad y su visión por la fuerza de las armas y no a través de los canales legales que deben presidir toda acción en el seno de un Estado de Derecho.

EL FRAUDE EN MARCHA: LA OPERACIÓN REMATE.

Según los datos facilitados por el Centro Nacional Electoral (CNE), el Oficialismo se ha alzado con la victoria con el 69% de los sufragios, lo que le ha proporcionado el 90% de los escaños en la nueva Asamblea Nacional. Ello con una abstención récord al haber votado tan sólo el 31% del electorado. Otras estimaciones rebajan esta cifra hasta el 25 o el 30% e, incluso, el Observatorio Contra el Fraude, una institución parlamentaria, la sitúa en torno al 20%. No obstante, Maduro y los suyos no han querido dejar nada al azar de la decisión real de los votantes -no fuera que se hallaran con otro fiasco como en 2015- desplegando la denominada Operación Remate. Se trata de un operativo gubernamental enfocado a la manipulación del voto, a la coacción, a la extorsión y al chantaje de la población para obtener un resultado acorde con sus intereses. En estrecha colaboración con el máximo órgano electoral del país, el ya mencionado CNE, se demoró el cierre del 80% de los colegios electorales del país, espacio de tiempo que se empleó para incrementar el número de votos a favor del Oficialismo en las urnas sin control externo alguno, llegándose en algunos casos a producir un escrutinio directamente secreto de los resultados finales. Baste recordar que el mismo CNE está dirigido por Indira Alfonzo, antigua Magistrada del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que empleó su cargo para desautorizar judicialmente a la naciente Asamblea Nacional controlada por la oposición en 2015.

Las presiones y el acoso a quienes notoriamente han aireado sus convicciones ideológicas afines a la oposición se han enfrentado en la calle a la movilización del aparato político chavista, que ha incluido a funcionarios gubernamentales y a milicianos uniformados. Periodistas internacionales han sido presionados y hostigados por las fuerzas militares venezolanas, en un desesperado intento por evitar que retrataran con sus cámaras los colegios electorales completamente vacíos. Se habilitaron, además, los llamados ‘puntos rojos’ en donde funcionarios oficialistas registraban a los votantes. Por si no fuera suficiente, Diosdado Cabello, el segundo de a bordo de Maduro, amenazó directamente a la población con dejar sin comida a aquellos que no votaran. Incluso el máximo mandatario, Nicolás Maduro, no votó en su colegio electoral correspondiente en el barrio de Catia, sino en el cuartel militar de Fuerte Tiuna, lo que constituye una ilegalidad.

No es la primera vez, desde luego, que se recurre a tácticas similares. En 2017, Nicolás Maduro y los suyos impusieron la convocatoria de una Asamblea Constituyente (esto es, con competencia para redactar una nueva Constitución) a la que se dotó ilegalmente de los poderes legislativos ordinarios que correspondían a la Asamblea Nacional controlada por la oposición para arrinconarla y, así, derrumbarla. Pues bien, tras dichos comicios igualmente fraudulentos, la empresa Smartmatic, encargada de efectuar el recuento de los votos, denunció que el CNE había aumentado las cifras de la participación electoral en nada menos que un millón. Tácticas no muy diferentes a las que se evidenciaron en Bolivia durante las elecciones del 20 de octubre de 2019, cuyo fraude notorio ocasionó una rebelión civil seguida de una rebelión militar y policial que supuso la caída y exilio posterior de Evo Morales.

RECHAZO INTERNACIONAL.

La Comunidad Internacional ha sido tajante. Como ha comunicado Luis Almagro, su Presidente, la Organización de Estados Americanos (OEA) ha aprobado una resolución por la que acuerda ‘rechazar las elecciones fraudulentas celebradas en Venezuela el 6 de diciembre de 2020 y no reconocer sus resultados por no haber sido libres ni justas de conformidad con las condiciones establecidas en el derecho internacional’. Resolución que, paradójicamente, ha contado con el apoyo de la propia Venezuela, al estar representada en la OEA por un hombre de Juan Guaidó, Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. En similares términos se ha expresado la Unión Europea a través de su Alto Representante en Política Exterior, el socialista español Josep Borrell, que ya ha anunciado que la Unión no va a reconocer a la nueva Asamblea una vez que esta se constituya a partir del día 5 de enero de 2021.

Los Estados Unidos de América, por su parte, también han negado su reconocimiento a la farsa electoral orquestada por Maduro, junto con la mayoría de los países de América Latina y, especialmente, los más cercanos al entorno de Venezuela, como Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Santa Lucía, los cuales, junto con Canadá, la Unión Europea y Estados Unidos, han firmado una declaración denunciando la falta de legalidad de las elecciones y, en consecuencia, la ausencia de legitimidad de la Asamblea naciente.

JOSÉ LUÍS RODRÍGUEZ ZAPATERO Y OTROS APOYOS.

No les han faltado a las autoridades chavistas, eso sí, apoyo diplomático. Desde Daniel Ortega en Nicaragua, que capitanea un régimen tan carente de libertades como el venezolano, hasta Putin en Rusia, otro paladín de la democracia, del Estado de Derecho y de las garantías constitucionales, como es sabido. Con todo, el más ruidoso a la vez que notorio ha sido el prestado por José Luís Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno de España por el PSOE. Desde hace unos años, Zapatero lleva realizando las funciones de Ministro de Exteriores de facto de la dictadura venezolana, esforzándose concienzudamente en blanquear la imagen del régimen dentro de la Comunidad Internacional y logrando concluir gestiones diplomático-económicas favorables a Venezuela.

Ello no le ha ahorrado la censura casi unánime de aquellos gobiernos que no reconocen el sistema de gobierno imperante en Venezuela como una Democracia. Salvo el español, por aquello de la difícil posición en la que se halla. Así y todo, el PSOE se ha desmarcado de la línea trazada por el expresidente, como así ha dado a entender el socialista Antonio Gutiérrez, Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado, quien se ha expresado en los siguientes términos: ‘Exigimos unas elecciones creíbles, inclusivas y transparentes.’ El balón de oxígeno le ha llegado a Zapatero no de parte de sus correligionarios, sino procedente de Unidos Podemos, socio de coalición de su formación madre y cuyos líderes y militantes no ocultan sus simpatías por la dictadura chavista ni por la situación del país caribeño. De esta forma, Pablo Echenique, Portavoz de la formación, ha reivindicado la legitimidad del nuevo parlamento venezolano y ha calificado la actitud del exmandatario español como ‘sensata’, en una muestra más de la catadura moral de quienes han conseguido alzarse con los puestos de poder de uno de los países teóricamente más importantes del espacio europeo.

La situación en Venezuela, en consecuencia, sigue tan atascada y tan lejos de la democracia y del respeto a los Derechos Humanos más elementales como siempre. Si acaso, estos comicios permiten extraer conclusiones muy claras y muy directas, que señalan como culpables de los sufrimientos del pueblo venezolano a quienes han alentado, apoyado y participado en el proceso revolucionario de Venezuela, que ha concluido -como concluyen todos los que se basan en esta ideología- con el establecimiento de una sanguinaria dictadura que no está dispuesta a abandonar el Poder de manera voluntaria ni democrática.

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