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CRIMINALIZAR A LOS HOMBRES

Hoy el Feminismo se ha convertido en una ideología supremacista que trata de imponer la discriminación a favor de la Mujer y en contra del Hombre.

Pablo Gea – La Iniciativa

A estas alturas todos estamos al tanto de que se avecinan cambios políticos de envergadura. Buenos o malos, el tiempo lo dirá. Si bien atendiendo a los hechos, los augurios no son nada buenos. Si hace poco hablábamos de la Emocracia estadounidense, nos toca hoy hablar de la nuestra. Pero vamos a hacerlo desde una perspectiva especial. Y no es la de género. Sino desde el Ministerio que está empeñado en imponer esta ideología a cualquier precio. Lo que no quiere decir que sus iniciativas estén presididas por el desquite irracional. Su hoja de ruta ha sido cuidadosamente perfilada, avanzando posiciones poco a poco. Así es como se hace la política. Avanza y atrinchérate en tu posición. Cuando quede claro que no pueden moverte de ahí, avanza de nuevo. El modus operandi del Ministerio de Igualdad es obvio para los observadores atentos a la par que su astuta ausencia de exabrupto permite que su perversa influencia se sedimente con facilidad en la conciencia de los españoles.

DISCRIMINACIÓN EN LA CULTURA

Y es que, aunque pocos se atrevan a asumir la cruda realidad, lo cierto es que este Ministerio es a día de hoy una herramienta de imposición ideológica y de señalamiento público de enemigos. Una confirmación siniestra de cómo aquello que tradicionalmente se ha considerado como Feminismo se ha distorsionado hasta el punto de hacerse irreconocible. A día de hoy, lo que el establishment defiende como Feminismo no es la búsqueda originaria de la igualdad de la Mujer para con el Hombre, materia en la que aún queda mucho por hacer. Es, por el contrario, una ideología supremacista que, mediante el chantaje apelando a un falso ‘complejo de culpabilidad’ de los varones, trata de imponer la discriminación positiva en favor de la Mujer a la vez que la discriminación negativa en detrimento del Hombre. En razón de ello nos encontramos hechos tan insólitos como el que se impida a los hombres participar en el Premio Literario Celia Amorós de ensayo, impulsado y Convocado por el Ministerio de Igualdad.

         Quizás al lector esto pueda parecerle algo menor, pero imaginémonos por un segundo qué habría sucedido si la situación se hubiese dado al revés, es decir, que se hubiera vetado la participación de las mujeres en un evento con el argumento de que está previsto sólo para ‘ellos’ en vez de para ‘ellas’. Que esto lo haya hecho un Ministerio que -en teoría- representa a todos los españoles en tanto que se financia gracias a sus bolsillos es algo debería resultar increíble. Y el que no lo haga, el que esto se haya normalizado, viene a respaldar todo lo dicho anteriormente. Habría que preguntarse si las feministas históricas habrían salido a la calle a manifestarse contra las políticas discriminatorias de Irene Montero. Porque nadie lo ha hecho. Ni las feministas de hoy ni ningún partido político. Con lo mucho que se precian propagandísticamente de defender la ‘igualdad’.

DISCRIMINACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN

No se trata de un hecho aislado. Recientemente Montero se las ha tenido que ver con la justificada indignación de la Guardia Civil y de la Policía a raíz de una campaña en la que se insinúa que los agentes llevan a cabo detenciones arbitrarias en función del ‘color de piel’ o de la procedencia de las personas. Que algo así salga de los perfiles de activistas ideológicos tiene su sentido. Pero cuando proviene de gestores públicos la cosa cambia. Porque es muestra palpable -una más- de que Unidos Podemos quiere convertir su parcela de poder en una catapulta para ideologizar a la sociedad y servir, no a un interés público, sino al suyo propio. Pudiera argumentarse que, en definitiva, qué partido no lo hace. Pero cuando tu bandera quiere representar el cambio y la regeneración política, la lógica se desmorona bajo su propio peso.         

La cosa llega hasta el extremo de que el Tribunal Administrativo Central ha tenido que dictar una sentencia contra la convocatoria de un Concurso Público para cubrir los servicios del 016 (el teléfono dedicado a la atención para las víctimas de violencia de género) por el Ministerio de Igualdad que establecía en su pliego de condiciones que, de los 33 puestos a cubrir, 31 debían serlo por mujeres. De manera que la adscripción fuese dirigida a personal femenino y no masculino. Una de las empresas optantes la recurrió, alegando que ello atentaba contra lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), la Ley para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres, el Convenio 111 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y el artículo 14 de la Constitución. Destaca el órgano judicial que ‘los defectos del pliego impugnados constituyen causas de nulidad de pleno derecho (…) por cuanto implican una vulneración de derechos fundamentales’. Dicho y hecho.

DISCRIMINACIÓN A LOS JÓVENES

Y, si esto no constituye un síntoma claro de por dónde van los tiros, no hay más que echarle un ojo a la “investigación” efectuada por la Federación de Mujeres Jóvenes, difundida por el Ministerio de Igualdad y titulado nada menos que Noches seguras para todas. Acompañado de una campaña visual tan simple como efectiva, se presenta a los jóvenes varones blancos como potenciales agresores de mujeres, a la vez que a los jóvenes varones negros como sus hipotéticos salvadores o, cuando menos, sujetos ajenos a la actitud violenta promovida por los otros. En un acto de criminalización de género y racial que se opone directamente a todos los principios que sus promotores dicen defender, el eslogan de la campaña es el siguiente: ‘El agresor puede ser cualquiera.’ ‘El chico que te gusta, el simpático de la fiesta, el colega militante, tu amigo de clase.’        

Según esta investigación, cuyo calificativo adecuado sería el de panfleto propagandístico, se exhiben como conclusiones principales que los ‘hombres jóvenes se apropian del tiempo de ocio nocturno de las mujeres jóvenes reclamándoles sexualmente de manera insistente’ en tanto que las chicas ‘viven de manera frecuente la invitación a alcohol y drogas por parte de los hombres con la intención de debilitarlas, vulnerarlas, manipularlas y aprovecharse de ellas’ siendo víctimas de chicos ‘con dinero’ que ‘haciendo ostentación de ello, les invitan a botellas de alcohol, cachimbas, tabaco y a estar en el reservado bebiendo toda la noche’.

DISCRIMINACIÓN A LOS ENEMIGOS POLÍTICOS

Desde el Ministerio de Igualdad no se ha dudado tampoco en señalar a los discrepantes, esto es, a quienes consideran ‘enemigos’ de la ideología que propagan él y todos sus grupos políticamente afines. No es un secreto para nadie que los intitulados grupos feministas y LGTBI llevan años subiendo la temperatura del caldero por medio de su infiltración dentro de las administraciones públicas y, en especial, dentro de las escuelas públicas y universidades. No habría inconveniente si se pudiera contar con dichos grupos para propagar una visión abierta de la sexualidad y de las relaciones entre las personas. Pero la verdad es que no son más que la correa de transmisión para una política cuyo objetivo no es otro que el de señalar con el dedo a quien piensa diferente, condenándole al vacío social y a la censura.

         Es lo que ha sucedido con la periodista Lucía Etxebarría quien, por osar discrepar de las ‘verdades’ impuestas por el colectivo LGTBI, recibió el ‘Premio Ladrillo’ otorgado por el grupo LGTBI madrileño COGAM a los que muestran ‘actitudes’ contrarias a sus dogmas de fe. Resulta que este acto tuvo lugar en el seno del Ministerio de Cultura, evento al que asistió Irene Montero, la cual asintió y aplaudió en el momento en que se otorgó el premio en cuestión. Que asociaciones subvencionadas puedan, con la complicidad de los órganos públicos representativos, montar aquelarres ideológicos para discriminar a otras personas por su ideología se atoja como algo siniestro. Típico de otros regímenes, de otros sistemas, pero desde luego no de una democracia parlamentaria.

         La cosa ha llegado ya demasiado lejos, y la cobardía de muchas de sus víctimas ha dejado el camino abierto a que la ‘discriminación a la inversa’ campe a sus anchas por la sociedad española mientras el rebaño se somete dócilmente a las imposiciones dictatoriales de quienes quitan derechos mientras afirman defenderlos.

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