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JUECES: DENUNCIA AL GOBIERNO FRENTE A EUROPA

El poco efecto que ha generado esta denuncia demuestra lo narcotizado que está nuestro pueblo, que asiste impasible a la destrucción a cámara lenta de sus libertades más esenciales.

Pablo Gea – La Iniciativa

Absolutamente desapercibido ha pasado el hecho de que tres de las cuatro asociaciones más representativas de los integrantes del Poder Judicial, esto, los jueces, hayan dirigido una denuncia al Comisario de Justicia de la Unión Europea y a la Vicepresidente de Valores y Transparencia para poner en su conocimiento los recientes y constantes ataques al Estado de Derecho y a la independencia del Poder Judicial que se están llevando a cabo por las indisimuladas acciones del Gobierno actual. En dicho escrito se expresa sin paliativos que ‘se continúa en la línea de ir horadando paulatinamente la independencia judicial, de modo que, en lugar de acometer una reforma que de una vez por todas establezca un sistema de nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que se adecue a los estándares existentes en la mayor parte de los países de la UE —es decir, por elección de los propios jueces entre sus iguales—, se camina en la dirección opuesta’.

         El poco efecto que ha generado esta denuncia demuestra lo narcotizado que está nuestro pueblo, que asiste impasible a la destrucción a cámara lenta de sus libertades más esenciales. Estas asociaciones son la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente. Y en su escrito ponen el foco en dos aspectos principales de los planes que, de aprobarse y convertirse en legislación ordinaria, implicarían una notable alteración de la ya de por sí precaria libertad de acción de los jueces:

  1. La eliminación de la capacidad del Consejo General del Poder Judicial para hacer los nombramientos necesarios para el funcionamiento de la Administración de Justicia estando en funciones.
  2. La rebaja de las mayorías que se necesitan en el Congreso y en el Senado para elegir a los vocales del propio Consejo General del Poder Judicial.

Esto viene a significar dos cosas: que en tanto que el poder político no de su beneplácito ideológico, los tribunales no podrán funcionar normalmente y, además, que el órgano rector de todos los jueces podrá ser elegido por los partidos del Gobierno sin necesidad de alcanzar un acuerdo. Con lo que el control por parte de los partidos gobernantes sobre el Poder Judicial será total, teniendo en cuenta además que el Fiscal General del Estado (puesto que a día de hoy ocupa una exministra de Sánchez) también depende del Gobierno. ¿Serán, en este caso, enjuiciados los asuntos que afecten negativamente a los partidos políticos en el poder? Cuesta mucho imaginarlo. Especialmente si se atiende a lo que ha sido una práctica durante toda la democracia española y que en el escrito presentado por estas asociaciones se describe de forma lapidaria:

‘La práctica, desde 1985 hasta la actualidad, consiste en que los principales partidos políticos se reparten los puestos a cubrir en negociaciones secretas fuera del parlamento; y una vez alcanzado su acuerdo, los diputados y senadores votan según la consigna dada por sus partidos. Antes esto se hacía discretamente, pero actualmente se realiza con conocimiento público y con comentarios de políticos en la prensa.’

A día de hoy ‘la decisión de las Cámaras legislativas es suplantada por los partidos políticos dominantes, que también se han negado a modificar el sistema de elección de vocales judiciales -a pesar de que algún partido lo ha propuesto y las asociaciones judiciales lo han reclamado conforme a las recomendaciones europeas-.’ Con un horizonte extremadamente desolador, dado que el siguiente paso ‘que ya ha sido anunciado, consistirá, como ya se ha expuesto, en sustituir la mayoría reforzada de 3/5 de los miembros de las Cámaras que se exige para elegir a los vocales del CGPJ por una mayoría absoluta, que se conseguiría con los partidos que sostienen el Gobierno (algunos de ellos abiertamente animan a no respetar la Constitución), Se trata de una ley de sometimiento del Poder Judicial a los partidos políticos que dominen en cada momento, lo que es el inicio del camino hacia el totalitarismo, el menoscabo de los derechos humanos y la corrupción.’

Esto no es para nada algo nuevo. Desde aquí y desde otros foros es algo que algunos ya llevamos años denunciando, y si acaso, que los ataques a la independencia del Poder Judicial estén tomando forma de legislación para ser aprobada por un parlamento democrático es más siniestro todavía y demuestra que estos avisos distaron mucho de ser infundados. Como es obvio, no habrá manifestaciones en las calles porque ningún partido las va a convocar. Y no lo van a hacer porque ellos mismos, pese a sus falsos propósitos de regeneración democrática, son los primeros interesados en que esto siga igual e incluso empeore. A fin de cuentas, los partidos que aspiran a llegar al Poder algún día saben que un sistema así puede mañana beneficiarles.

         Las parrillas televisivas han ido a la par, contentándose con leves menciones a lo que es una denuncia por tres de las asociaciones más representativas de la judicatura y que supone un auténtico grito de ayuda e invitación a la toma de conciencia por parte de toda la ciudadanía de cómo poco a poco, de manera casi imperceptible, se está dinamitando el Estado de Derecho. No olvidemos una cosa: cuando el Poder comete injusticias, sólo el juez y el abogado pueden defender las garantías y los derechos de las personas. Depende de nosotros que siga siendo así.

A continuación, puedes leer la denuncia:

JUECES.-DENUNCIA-AL-GOBIERNO-FRENTE-A-EUROPA.

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