EL INDULTO ATENTA CONTRA EL ESTADO DE DERECHO

Si el indulto llega a aprobarse, el mensaje que se le estará mandando a la ciudadanía es el siguiente: ni la ley ni los tribunales importan nada.

Pablo Gea

El propósito de Pedro Sánchez de indultar a los presos independentistas no causa sorpresa y sí estupor. En cualquier caso, un estupor que no es más que el vástago de los estupores precedentes. Pues si ya los gobiernos durante la democracia española han dejado mucho que desear en eso de respetar la ley y el Estado de Derecho, este en particular ha batido todos los récords. Desde el empleo falaz de la por ellos denostada ‘ley mordaza’ para hacer precisamente eso, amordazar a la oposición e impedirle manifestarse en las calles al igual que hizo antes el PP, hasta recurrir a sanciones ilegales al amparo de un Estado de Alarma inconstitucional que en realidad ha sido de Excepción. Los pronunciamientos judiciales, especialmente del Tribunal Constitucional, no han ido a su favor. Y los que lleguen en el futuro no se prevén que hayan de serlo.

         De lo que sí que no hay duda es de que Sánchez y su gobierno llevaban desde el principio buscando la manera de encajar el indulto a los políticos presos (que no presos políticos) en el momento preciso para que el inevitable coste político fuera el menor posible. Es decir, no es fruto esta decisión de un inusitado clima de concordia, ni de la elaborada reflexión llevada a cabo por un sereno estadista, sabio y justo, sino de un correoso animal político que busca aferrarse al poder a cualquier precio, sea cual sea el coste para el país cuyos destinos dirige. Pues saben tanto en el PSOE como en Unidos Podemos que necesitan el apoyo de los independentistas para seguir gobernando. Como saben también -especialmente después de la debacle de Madrid- que los resultados de unos futuros comicios se perfilan inciertos. En consecuencia, deben maniobrar arriesgadamente para conseguir los apoyos necesarios para seguir en el poder el máximo tiempo posible y a cualquier precio.

         Debe quedar clara una cosa: el indulto es legal. Así lo prevé la Ley de 18 de junio de 1870 estableciendo reglas para el ejercicio de la gracia de indulto. Que es del siglo XIX, cuando el Estado de Derecho en España estaba poco menos que en construcción y, en determinados aspectos, era prácticamente inexistente. Pese a ello, este tipo de normas distan de ser una anomalía. Y en lo que respecta al caso español, los sucesivos gobiernos la han empleado para indultar a sus amiguetes por intereses políticos y económicos, sin consultar a la ciudadanía y con una absoluta falta de respeto al daño que eso ocasiona el Estado de Derecho. Porque en un Estado de Derecho una norma de esta naturaleza debería ser abolida por constituir una intolerable intromisión del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. Un gobierno, sea cual fuere, no puede ni debe intervenir en lo más mínimo en las sentencias que dicten los tribunales ni en la ejecución de las mismas. Tanto menos cuando se trata de delitos tan graves como los que han llevado a los independentistas al banquillo.

         En concreto, el artículo 25 de dicha ley dispone que el tribunal sentenciador, en este caso el Tribunal Supremo, hará constar en su informe ‘especialmente las pruebas o indicios de su arrepentimiento que se hubiesen observado’, lo que a todas luces no existe en este caso, siendo evidentes para todos las reiteradas declaraciones de los presos independentistas en las que reivindican sus acciones ilegales y proyectan sus claros propósitos de volver a delinquir de nuevo. Debe recordarse que los delitos cometidos -Sedición, entre otros- son muy graves y que comportaron, según la sentencia dictada por el Supremo, la utilización de la violencia, si bien no de una envergadura tal que pusiera en peligro las instituciones del Estado. Pero que, en cualquier caso, hizo necesaria la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para evitar la consumación de lo que fue un auténtico Golpe de Estado que trató de suplantar a la autoridad legítima y legalmente constituida para celebrar un referéndum de autodeterminación ilegal en una consulta sin garantías jurídicas de ninguna clase. Habrá quien piense ahora, en frío, que no fue para tanto. Y esto es lo peligroso. Si saltarse las resoluciones del Tribunal Constitucional y permitir que unas fuerzas políticas no democráticas impongan su voluntad por la fuerza no es algo grave, entonces los independentistas ya habrán ganado la batalla del relato moral y político, hiriendo de muerte la legitimidad democrática del Estado de Derecho.

         Cabe preguntarse entonces, ¿por qué no indultar a cientos de otros delincuentes que no tengan interés político para el gobierno de turno? ¿Por qué privilegiar a estos y no a otros? El artículo 14 de la Constitución consagra la igualdad ante la ley para todos los españoles. Para lo bueno y para lo malo. Considerar, como hace Pedro Sánchez, que ejecutar lo dictado por una sentencia, emanada del Tribunal Supremo nada menos, en base a unos hechos que se demuestran como probados y que constituyen un delito tipificado en el Código Penal es un acto de revanchismo e injusticia equivale a decir que los tribunales carecen de legitimidad para dictar sentencias y garantizar su cumplimiento. Pues debe saberse que el Estado de Derecho se fundamenta en la confianza legítima de la tutela de los derechos de los ciudadanos por los tribunales. Y si un líder político, un gobierno y unos partidos políticos tratan de subvertir esta confianza por sus ansias de poder, perderán a su vez toda la legitimidad que les pueda quedar para exigir a los ciudadanos que cumplan la ley.

         Si el indulto llega a aprobarse, el mensaje que se le estará mandando a la ciudadanía es el siguiente: ni la ley ni los tribunales importan nada. Y el PSOE, que alardea de ser un partido de Estado, como Unidos Podemos y sus aliados de investidura, que son abiertamente opuestos al respeto de las garantías constitucionales, contraerán una grave responsabilidad ante la Historia constitucional de este país al abrir una brecha grave en la capacidad del Estado mismo para cumplir y hacer cumplir la ley. Unos partidos así no podrán ser considerados jamás como democráticos, por mucho que estén en el poder gracias a unas elecciones libres. La Democracia no es sólo llegar al poder por medios pacíficos sino también gobernar y actuar conforme a lo dispuesto en la Constitución. Y está claro que los delincuentes, sean quienes sean y militen en los partidos que militen, deben cumplir sus penas como todo el mundo sin privilegios de ninguna clase ni burlas hacia las personas que todos los días se esfuerzan por ser legales y cumplir leyes que, seguramente, no les gustan.

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