EN ESPAÑA NO HAY ESTADO DE DERECHO
Dejando aparte las medias tintas: Juana Rivas cumple la pena de prisión en su casa porque es ella, porque su caso es mediático, porque hay presiones gubernamentales y porque es una mujer.
Había que decirlo y se dijo. Pese al honrado trabajo que desempeñan abogados, fiscales y jueces, la independencia de la Justicia está siendo socavada a ritmo acelerado por los partidos políticos. Como la inmensa mayoría de ciudadanos saben ya, pero asumen con resignación. Atrás quedan los tiempos de concordia y buenos propósitos de la Transición. De la ilusión por limpiar el país de la nefasta tradición franquista y edificar una democracia digna de tal nombre. A día de hoy, estamos gobernados por ambiciosos sin escrúpulos que sólo piensan en su poder y en su dinero. Que ya no disimulan en absoluto sus propósitos de destruir cualquier resquicio de independencia judicial en pos de sus intereses ideológicos. Con estas perspectivas, ningún partido político, ninguno, está legitimado para exigir a los ciudadanos que cumplan la ley, salvo aquellos que explícitamente se opongan a la perversión del Derecho.
El caso de Juana Rivas es paradigmático al respecto. Se trata de una mujer que, pese la movilización del lobby feminista, del apoyo explícito del Gobierno y de buena parte de la sociedad a causa tan sólo de que es una mujer y de que ha coreografiado con acierto su situación, ha sido condenada por un Juzgado de lo Penal, por una Audiencia Provincial y por el Tribunal Supremo. Aun así, el cumplimiento de su condena en prisión ha sido sustituido por la permanencia en el hogar debidamente monitorizada. Algo absolutamente insólito que, quienes estén familiarizados con el ejercicio de la profesión jurídica, contemplarán con estupefacción. Principalmente porque ya les gustaría a muchos abogados que los tribunales fuesen tan benignos y comprensivos con sus clientes, teniendo como mínimo tantas razones legales como ha esgrimido la defensa de Juana Rivas para que les permitan cumplir la pena en su casa. Dejando aparte las medias tintas: Juana Rivas cumple la pena de prisión en su casa porque es ella, porque su caso es mediático, porque hay presiones gubernamentales y porque es una mujer. A buen seguro en un caso similar en el que el delincuente fuese varón, habría dado con sus huesos en la cárcel y nadie en todo el espectro social, salvo sus abogados y familiares, estarían moviendo un dedo por su excarcelación.
Que el Gobierno tiene un nulo respeto por la presunción de inocencia y está dispuesto a que se trate judicialmente a las personas por el grupo al que supuestamente pertenecen y no en base al delito que han cometido lo pone de manifiesto claramente la actitud de la ministra de Igualdad Irene Montero. Timón de un ministerio que no sirve absolutamente para nada, que sólo pretende vender ideología y que considera que la Justicia es ‘patriarcal’ y ‘machista’, razón por la cual se inclina sin género de duda hacia el indulto. Una nueva injerencia del Ejecutivo sobre el Poder Judicial. Como en el caso de los independentistas, es obvio para todo aquel que quiera verlo que lo que disponen las leyes y los tribunales cada día tiene menos valor, y que lo que importa en realidad no es si alguien delinque o no, sino si pertenece a un grupo social, clase, asociación o partido que le venga bien al poder de turno beneficiar para que le rebajen la pena o directamente no tenga que cumplirla.
Con estos mimbres, la legitimidad del Estado de Derecho desparece completamente y se pasa a la lógica de ‘tonto el último’. Lo que va a dar como resultado que la población se tome menos en serio de lo que lo hace ya el imperio de la ley, sustituyéndolo por el salseo televisivo, la manipulación mediática y los vínculos de vasallaje con los políticos. No es algo que esté lejos de suceder, está ocurriendo ya. En esta situación, toca quitarse la venda de los ojos y asumir lo inasumible: que España no es un Estado de Derecho.
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