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CRISIS EN EL GOBIERNO

Todo asesor se debe a su presidente, y el fontanero acostumbrado a tapar todas las vías de agua debe saber, como buen capitán, cuándo toca hundirse con el barco.

Pablo Gea

Sabido es que una vieja estratagema de los gobernantes para salir del paso y mantenerse en el poder pasa por abrir crisis de Gobierno, echar la culpa a otros, deshacerse de ellos y dar entrada a otros espadas que, a su vez, serán purgados si la cosa se pone fea. Es lo que acaba de pasar. El inequívoco desgaste gubernamental necesitaba de unos chivos expiatorios que -esta vez- no podían limitarse a perfiles de segunda o tercera división. No. Sánchez sabía que, para poder sobrevivir, debía eliminar a aquellos ministros y figuras destacadas que han servido de parachoques durante toda la gestión de la pandemia, amortiguando en la medida de lo posible el daño que dicha gestión podía ocasionar a la figura del Presidente. Porque no nos engañemos: se trata del Presidente y de nadie más. Como bien ha destacado el principal sacrificado en el altar del poder presidencial, Iván Redondo, todo asesor se debe a su presidente, y el fontanero acostumbrado a tapar todas las vías de agua debe saber, como buen capitán, cuándo toca hundirse con el barco.

Todo sea para salvar los muebles y, quizás, unas pocas vidas. Pues no ha sido sólo Iván Redondo, sino también José Luis Ábalos, quien hasta el momento mantenía la maquinaría del partido bajo un férreo control y a la sombra del mandato imperante de Pedro Sánchez. Ambos sustituidos por Óscar López y Raquel Sánchez, respectivamente. La realidad es que, en contra de la versión emitida desde La Moncloa, el Jefe de Gabinete a presionado constantemente para ampliar su esfera de poder, lo que le ha llevado a confrontar repetidas veces con Carmen Calvo, ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Quien, por cierto, también ha sido cesada en favor de Félix Bolaños.

Las luchas intestinas en el Ejecutivo socialista ocultan una realidad que, por evidente en sí misma, puede pasar desapercibida. Y es que las elecciones en Madrid fueron un desastre y otorgaron un balón de oxígeno muy necesario al Partido Popular. A la vez, el daño político provocado por los indultos a los líderes independentistas no se ha amortiguado como se esperaba, provocando una indignación pública generalizada que ha afectado incluso a caladeros de voto clásicos del PSOE. Las últimas encuestas electorales arrojan unos datos inapelables que, en el mismo entorno socialista, no se han dudado en utilizar contra quien siempre se ha considerado como un extranjero advenedizo, un aventurero político ajeno a la maquinaria del partido que ostentaba un cargo que merecería mucho más cualquier militante de base fogueado en innumerables batallas políticas.

El deseo de eliminar el fantasma de la nefasta gestión de la Pandemia, de la que el propio Pedro Sánchez es consciente, implicaba una remodelación aún mayor. Una oportunidad única y largamente acariciada para efectuar cambios de mayor calado, como la salida de Isabel Celaá, Juan Carlos Campo, Pedro Duque o Arancha González Laya. El que esto se haya producido cuando en sus respectivos ministerios existen todavía numerosos problemas pendientes de resolución de los que los ministros salientes son los responsables directos, o importantes reformas legislativas pendientes de completar su tramitación parlamentaria, confirma la razón de oportunidad que se esconde detrás de esta crisis. Que es, no debe olvidarse nunca, el mantenimiento en el Poder del Presidente. Esta es la justificación de absolutamente todas las decisiones que toman Sánchez y su entorno. Y el enfocarlas desde este prisma ayuda a entenderlas mucho mejor.

La cuestionable constitucionalidad de las últimas propuestas legislativas del Gobierno (las leyes de Libertad Sexual y de Seguridad Nacional), con una ruptura evidente para cualquier jurista de con los senderos básicos del Estado de Derecho como son la Presunción de Inocencia y el Principio de Proporcionalidad, no es sino un eslabón más en la cadena de un cambio orquestado desde las mismas entrañas del poder político para ampliar la capacidad de acción del Poder Ejecutivo sobre el resto de poderes y sobre la ciudadanía misma. Si es un ‘cambio de régimen’ encubierto o no es algo que el tiempo dictaminará de manera inmisericorde. Pero lo que sí que es irrebatible es que las libertades públicas y el respeto a la ley no pasan por su mejor momento, continuamente machacados por la aprobación de leyes conducentes a arrebatar la capacidad del individuo para decidir por sí mismo y asumir dogmas ideológicos impuestos desde un Estado cada vez más intervencionista. Intervención que no se dirige a redimir las condiciones de vida de los más desfavorecidos sino al revés, a imponer mayores trabas administrativas y a exigir la asunción del pensamiento único.

No habrá pasado desapercibido para nadie que la tan cacareada remodelación tan sólo ha afectado a los ministros socialistas, pero no a los de Unidos Podemos. Lo que pone de manifiesto, como otras tantas cosas, que en España lo que existen ahora son dos Ejecutivos en uno, cada uno con su propia agenda política y con un problema más que evidente para coordinarse y funcionar con eficacia. Algo que repercute en una inseguridad jurídica cada día más palpable y que sufren, a fin de cuentas, no los ministros sino los ciudadanos.

Con todo, Sánchez encara ahora las próximas citas electorales más seguro de sí mismo -o de eso pretende autoconvencerse- rodeado de un equipo que otorga peso orgánico al partido dentro de las mieles del poder. Con todo y con eso, desde el PSOE no dudan lo que es una verdad a voces: que, si quieren mantenerse en el poder el máximo tiempo posible, no tienen más remedio que ir cediendo poco a poco a las exigencias más radicales de sus socios de la extrema-izquierda y de los independentistas. Que pedirán a cambio, como vienen haciendo desde el principio, una agenda ideológica más agresiva todavía y un referéndum de autodeterminación.

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