SENTENCIA DE LOS ERE: LA CORRUPCIÓN NO SE DISCULPA
El PSOE, durante todos sus años de gobierno en Andalucía, se dedicó beneficiarse a sí mismo en vez de beneficiar a los andaluces. Todo ello a costa de drenar los recursos de una región para mantenerla sometida a la pobreza y así obligar a sus habitantes a votarles a ellos.
Pablo Gea
La esperada sentencia del caso de los ERE ya está aquí. Con todas sus aplastantes consecuencias. Como no podía ser de otra forma, desde la propia Clase Política ya se han lanzado a deslegitimar un fallo con una fundamentación jurídica apabullante. No estoy hablando de la que dictó en su día por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, sino la de la Sala Segunda (de lo Penal) del Tribunal Supremo. Dejando aparte el entramado jurídico, lo indudable es que han mantenido las penas dictadas en su momento para los dos expresidentes de la Junta de Andalucía. Un proceso que ha sentado en el banquillo de los acusados a toda una generación de políticos andaluces. Retrato imborrable de los peores vicios de la política española.
En concreto, Manuel Chaves fue condenado a 9 años de inhabilitación especial por un delito continuado de Prevaricación, mientras que José Antonio Griñán lo fue a 6 años y 2 días de prisión y 15 años de inhabilitación absoluta por un delito continuado de Malversación y otro de Prevaricación. El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto con toda la maquinaria política del PSOE se ha aprestado a afirmar que los suyos ‘no se han llevado un duro’ y que ‘pagan justos por pecadores’. Todo un barniz de legitimidad a la conducta reprobable de toda la cúpula del PSOE andaluz, que se ha dedicado a robar a manos llenas. Y lo que es peor, a enriquecer a otros con dinero público (es decir, de todos nosotros) para mantener al socialismo en el poder y asegurarse un entramado corrupto de tráfico de influencias y estómagos agradecidos en la peor praxis mafiosa.
No son estos los únicos varapalos recientes que lleva el PSOE. La reciente victoria de Juanma Moreno en las Autonómicas sella el destino a corto/medio plazo del socialismo andaluz y, ahora, definitivamente se pierde ante los ciudadanos la única sombra de duda que cupiera albergar sobre la culpabilidad de los dirigentes del PSOE-A. Porque, como los expertos en Derecho Penal llevan días señalando hasta la saciedad, no existe en el Código Penal Español un ‘delito de corrupción’ per se, pero sí figuras jurídicas que tipifican conductas que pueden englobarse dentro de este término coloquial. En este sentido, conviene tener claro lo siguiente:
- Prevaricación: sucede cuando una autoridad pública toma una decisión contraria a la Ley, a sabiendas de que es contraria a la Ley.
- Malversación: tiene lugar cuando la autoridad pública se apropia de dinero público o lo desvía de su fin legítimo (esto es, que lo destina a otra cosa para la que se ha fijado).
Estas dos prácticas, por las que han sido condenados Cháves y Griñán, son actos de corrupción. Otros altos cargos del PSOE lo han sido por otras conductas que también tienen su reflejo en el Código Penal, pero vamos a quedarnos en esto. En resumen: que el que se hayan quedado o no con dinero público no es relevante a estos efectos, sino que queda probado a todas luces que los máximos responsables del Gobierno de la Junta de Andalucía con el PSOE utilizaron su posición de poder en el Administración Pública para a) saltarse la ley para beneficiar a los suyos (partido o camarilla) y b) desviar dinero público a unos fines distintos del que estaba previsto, de nuevo para beneficiar a los suyos.
Se pueden poner todas las componendas que se quieran, porque van a resultar absolutamente inútiles para negar lo evidente: que el PSOE, durante todos sus años de gobierno en Andalucía, se dedicó beneficiarse a sí mismo en vez de beneficiar a los andaluces. Todo ello a costa de drenar los recursos de una región para mantenerla sometida a la pobreza y así obligar a sus habitantes a votarles a ellos.
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