Sábado, 1 de octubre, 2022
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ABOGADOS CONTRA LAS ‘LISTAS NEGRAS’

Ministerio de Igualdad

Lo que se pretende desde el Ministerio de Igualdad es una medida totalitaria dirigida a crear una suerte de lista de enemigos políticos.

Pablo Gea

Antonio de Padua Barrera Sández y Ana Tenorio Caro son abogados valientes. No el tipo de valentía típica de la juventud, teñida hasta cierto punto de ingenuidad, sino esa otra valentía que procede de la seguridad de que se hace lo correcto y de la pericia que proporciona el conocer el medio en el que te mueves. Titulares del Despacho Global Incoa, con sede principal en la ciudad de Sevilla, han empezado esta nueva temporada por todo lo alto presentando una reclamación ante el Ministerio de Igualdad dirigido por Irene Montero contra la reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva aprobada el pasado 30 de agosto. Como si de la Exposición de Motivos de una ley se tratara, la Ministra se expresó en el sentido de la creación de un registro en el que se incluirán a todos aquellos médicos que, en el uso de su derecho a la objeción de conciencia contemplado dentro del derecho a la libertad ideológica recogido en el artículo 16 de la Constitución Española, se nieguen a practicar un aborto.

Irene Montero

Quien ahora escribe ha tenido la oportunidad de entrevistarse con los dos letrados para desgranar a fondo qué hay detrás de esta reclamación. Frente a todos aquellos que no han dudado en afearles el gesto amparándose en argumentos ideológicos de corrección política, estos profesionales jurídicos dejan clara una cuestión fundamental: esta reclamación no versa sobre el Derecho al Aborto. Lo que denuncian es el atentado no sólo contra un derecho fundamental (la libertad ideológica), sino contra dos. Por cuanto entienden que se atenta igualmente contra el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen, regulado en el artículo 18 de la Constitución. Nada más. Cuestión diferente es que haya quien considere lícito violar los derechos fundamentales para imponer una ideología.

El tema no se detiene aquí, sino que, como destacan desde Global Incoa, lo que pretende el Gobierno va en contra tanto del Reglamento General de Protección de datos del año 2016 (legislación europea) como de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales del año 2018 (legislación estatal). Pues se prohíbe la creación de ficheros que contengan datos de carácter personal, lo que incluye las opiniones políticas. Lo que se persigue desde el Ministerio de Igualdad es una medida totalitaria dirigida a crear una suerte de lista de enemigos políticos. Algo que, entienden estos abogados, pronto puede ser extensivo a otros colectivos, como el de los propios juristas. A fin de cuentas, ¿qué impide al Gobierno actual plantear la creación de un fichero con los nombres de los abogados, procuradores, jueces y fiscales que no estén de acuerdo con las leyes que se impulsan desde La Moncloa? ¿O con la forma en que son interpretadas o aplicadas? Ciertamente, a nadie se le escapa la ‘nocturnidad y alevosía’ gubernamental, que ha sacado esta importante reforma legislativa durante las vacaciones del mes de agosto, sabiendo que los ciudadanos españoles se dedican a otros menesteres.

Lista negra

Y no es este un caso aislado. Ana y Antonio forman parte de la nómina de profesionales que ya durante la Pandemia advirtieron de los despropósitos legislativos del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que no dudó en violar abiertamente las garantías constitucionales de todos amparándose en una situación de emergencia sanitaria, imponiendo cambios legislativos de calado que han permanecido en la legislación ordinaria sin que una parte importante del país sea consciente de ello. El propósito es más amplio: aclimatar el sistema político español a los designios de la Agenda 2030, una visión distópica que, bajo el falso paraguas del ‘progresismo’, en el fondo lo que implica es una disolución del individuo en una colectividad al servicio de los intereses de las élites políticas y económicas. Paso a paso, cambio tras cambio, la legalidad española aloja leyes inconstitucionales. Y como el Tribunal Constitucional es, nos guste o no, un tribunal político, conforme pase el tiempo acabará permitiendo que lo ilegal se convierta en legal.

Ana y Antonio
Ana Tenorio y Antonio Barrera

Sea como fuere, estos dos abogados, a los que tengo el privilegio de llamar compañeros, se reafirman en su propósito de continuar hasta el final, agotando la vía administrativa y prosiguiendo con la vía judicial si fuese necesario. Como en el caso de Daniel Sánchez Bernal y la lucha contra la justicia tardía, habrá en el gremio quienes les critiquen por haber dado el salto. Y si la iniciativa prospera, se tragarán sus palabras de manera hipócrita y arrimarán el ascua a su sardina. No importa. El mero hecho de haber llegado a donde lo han hecho les honra. Y nadie les quitará eso jamás.

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