FEDERALISMO INSOLIDARIO
La salida del régimen fiscal común pactada por el Gobierno con los independentistas catalanes a cambio de la presidencia del socialista Salvador Illa de la Generalitat despierta un debate que es pertinente, pero que a la vez es preciso enfocar con la racionalidad que estos tiempos impiden.
Pues lo que es una cesión en toda regla a las exigencias de quienes se han saltado la Constitución se revela como algo esencialmente inconstitucional per se. Aunque cierto es que las leyes se modifican y las constituciones se cambian. Lo que hoy se presenta como inamovible, puede no serlo mañana. Evidentemente, el sistema de las Autonomías consagrado en la Constitución del 1978, si bien fue útil en su momento, tiene que revisarse completamente. Porque lo que en su momento se proyectó como una descentralización controlada y, a la vez, deliberadamente ambigua, se ha convertido con el paso de los años en un permanente chantaje de los nacionalismos periféricos sobre el gobierno central, a la par que en un egoísmo furibundo de los entes autonómicos.
Lo que debía ser solidaridad ha mutado en una competencia malsana, en un escenario en el que es cada vez más difícil articular agendas políticas comunes. Un país no puede prosperar si tiene que lidiar con las tiranteces de diecisiete entidades que están más preocupadas de conservar los privilegios de su clase política que en colaborar entre sí para la mejora de su pueblo y del país.
La solución, es verdad, pasa por una auténtica federalización de las Comunidades Autónomas, de manera similar a los lander alemanes. Con una uniformidad competencial entre todos; es decir, que todos los estados federados tengan las mismas competencias y que estas sean inamovibles, de manera que se termine así con el permanente mercadeo competencial por beneficios políticos. Porque un país serio no puede permitírselo. No hay más escenario que este.
En contra, el federalismo que desde el Gobierno se pretende “implantar” -eufemismo chistoso para definir la caprichosa agenda política de los partidos gobernantes- no habla de igualdad ni de solidaridad, sino de privilegio y subordinación. Se trata de un federalismo asimétrico, en el que unas comunidades tienen más competencias que otras, lo que quiere decir que tienen unos privilegios sobre las demás. Y que estas comunidades, digamos de ‘segundo orden’, deben estar supeditadas a los intereses políticos y económicos de las de ‘primer orden’. Lo que equivale a decir que unos ciudadanos están por encima de los demás, según el territorio en el que residan. Así de sencillo.
Esto es hablar de federalismo, claro. Pero de federalismo insolidario. De federalismo aristocrático y entreguista, conducente a la balcanización de España. Porque, por si alguien lo dudaba a estas alturas, los nacionalistas catalanes, igual que los vascos, no van a parar nunca hasta que consigan la independencia, sabiendo que cuentan con un aliado sin igual en La Moncloa. Cabe ahora preguntarse: ¿existe algún partido que defienda la igualdad en España?