El cártel de Medellín financió al PSOE en 1986
El periodista Santiago Alonso lo asegura en su libro «Desmontando las narcoseries»
El cártel de Medellín fue la principal organización narcoterrorista de Colombia de 1980 a 1993, cuando cae su ‘patrón’, Pablo Escobar. Aun así, un halo de Robin Hood rodeó a quien fuera el objetivo número uno de la CIA, dado que arregló barrios enteros de Medellín (hasta 3.000 casas para pobres llegó a construir).
Todo ello ha provocado que películas y series televisivas hayan mitificado a los narcos colombianos, en una vida de ensueño rodeados de grandes fiestas donde corría la droga y mujeres despampanantes brindaban todo tipo de placeres a quienes las podían pagar. Pero Santiago Alonso ofrece una perspectiva sintética muy alejada de la idea que Netflix y largometrajes hollywoodienses interpretados por Tom Cruise, Benicio del Toro, Javier Bardem o Penélope Cruz dan de los narcos. En palabras del propio Escobar, él fue pobre durante 28 años y de los 16 restantes que fue rico, una década entera se la pasó huyendo. Algo muy alejado de la vida padre que refleja el cine y la televisión.
Que los gobiernos de EEUU (‘Irán contra’), Perú, Panamá, México y Cuba tenían relación con el cártel era algo más o menos sospechado. Pero este autor salmantino, que viajó a Colombia para ir a las fuentes primarias, señala que los tentáculos del cártel de Medellín llegaron incluso a España, donde presuntamente realizó sobornos a jueces de la Audiencia Nacional para cambiar extradiciones a EEUU por Colombia, y Pablo Escobar supuestamente regaló cinco millones de dólares al PSOE de Felipe González para su campaña electoral de 1986.
Desmontando las narcoseries: mitos del cártel de Medellín llega el 10 de octubre las librerías de España —y también se podrá adquirir en Colombia y otros países—. La Iniciativa adelanta el capítulo relativo a España.
XIV
Soborno al gobierno de Felipe González: el caso Ochoa
En agosto de 1984 Jorge Luis Ochoa, de 36 años y con el nombre de ‘Moisés Moreno Miranda’ y Gilberto Rodríguez Orejuela, líder del cártel de Cali y bajo el nombre de ‘Gilberto González Linares’, habían emigrado con sus mujeres a Madrid. Llevaban una vida ostentosa que llamaba la atención.
Ochoa compró una casa de 200 m² en Pozuelo de Alarcón con piscina, pista de tenis y discoteca, y matriculó a su hijo de cinco años en el colegio elitista bilingüe American School […]. Establecieron compañías de holding, empresas a nombre de sus mujeres a través de las cuales blanqueaban el dinero sucio. Disponían además de cuentas millonarias en Panamá.
Desde 1978 se buscaba a Rodríguez Orejuela desde Nueva York, y a Jorge Ochoa desde las fotos que sacaron en Nicaragua. El embajador estadounidense presentó el 17 de octubre una nota verbal pidiendo la detención de los colombianos. El 15 de noviembre de 1984, la policía detuvo a Ochoa, R. Orejuela y sus esposas, y congeló todas sus cuentas bancarias. En la habitación hotelera de Gilberto Rodríguez se halló un libro de cuentas en el que se anotaba la venta de 4 toneladas de narcótico del año anterior, 1983. La DEA se encargó de retirar al hijo de los Ochoa del American School.
Los Estados Unidos solicitaron de modo formal la extradición de Ochoa, basándose en los hechos acontecidos en territorio nicaragüense. También habían evidenciado las relaciones de Gilberto Rodríguez en el narcotráfico en Los Ángeles por lo que requerían la extradición de los dos. Los capos contrataron para su defensa a los mejores abogados de la nación. A los 25 días Colombia pidió la extradición de Ochoa por «falsificación de documento público y de la licencia de importación de 25 toros de lidia españoles en Cartagena en 1981». Además también por contrabando, pero ni huella de narcotráfico.
Parecía que EEUU disfrutaba de una base más sólida no solo porque el narcotráfico es más grave que un delito por importar toros de lidia sino además porque los solicitó antes. Pero empezó una batalla legal sin precedentes, según dicen, desde el juicio de Adolf Eichman. La sala penal de la Audiencia Nacional tenía a su cargo el juicio de los colombianos. Examinó las pruebas durante casi 9 meses. Ochoa se disponía voluntariamente a responder a las acusaciones de contrabando de toros en su patria ¿cómo no? Pero declaró ser inocente del tráfico de cocaína. Sus abogados insistían en la índole política de las acusaciones y tildaron de embustero a Barry Seal […].
Según cita El País el 26 de septiembre la sesión pública de la Audiencia Nacional sobre la extradición se celebró el 17 de septiembre de 1985 con un público de 80 personas […]. El 24 de septiembre sentenciaron rechazar por unanimidad la petición por «contexto político», es decir, por motivos de cultura, idioma, etc. se enviaría a Ochoa a Colombia para que le enjuiciasen por contrabando de toros bravos. Los abogados de Ochoa habían triunfado […].
La historia no termina aquí. El fiscal apeló a la Audiencia Nacional en la misma sala. Para recurrir la revisión el fiscal argumentó «el hecho de las malas relaciones entre gobiernos carece de valor en la disputa legal de cualquier nación regida por la ley» y, sorprendentemente, la Audiencia Nacional, en votación de cuatro a favor y tres en contra se desdijo y decidió enviar a Ochoa a los Estados Unidos, porque traficar con drogas se puede interpretar como delito de índole política internacional.
Según publica el diario de El País el día 13 de febrero de 1985, la sentencia de la Audiencia Nacional dada el 21 de enero de 1986 favorable a la extradición de Ochoa a los Estados Unidos como se suponía, pero ésta no fue definitiva. La defensa apeló el día 24 del mismo mes con el pretexto de que la fiscalía obraba anticonstitucionalmente. Paradójicamente el tribunal aceptó el 31 de enero la nueva moción de defensores y el 12 de febrero decidió en favor de Colombia. ¿Por qué cambiaron de decisión?
A la última votación solo se opuso el catedrático español de Filosofía del Derecho —y uno de los padres de la Constitución española—, Gregorio Peces Barba. El consejero de Estado adujo que la extradición se concede a quien primero la solicita, y Estados Unidos la había solicitado en diciembre de 1984 mientras que Colombia lo había hecho dos veces, en mayo y en agosto de 1985 […].
Resulta cuando menos curioso que en lo que se refiere a este punto, sin embargo, coinciden todos en la misma versión de los hechos. Según El hijo del ajedrecista, título del libro del hijo de Gilberto Rodríguez, Fernando Rodríguez Mondragón: «en palabras de mi padre Gilberto Rodríguez Orejuela, de los 35 millones, cinco fueron a parar a la campaña presidencial de Felipe González». Lo mismo opinó en una entrevista que le realicé yo mismo a su abogado Gustavo Salazar Pineda […], en sus palabras «hubo parte jurídica y parte económica» […].
También aparece el mismo testimonio en palabras de uno de los empleados y sicarios más famosos de Escobar, John Jairo Velásquez en el libro de Astrid Legarda El verdadero Pablo: Sangre, traición y muerte. Cincomillones fueron para financiar a Felipe González y 10 para sobornar a la Audiencia Nacional. Y lo dice en su libro el propio Merlmestein. ¿Hacen falta más pruebas que tres testigos directos sin relaciones ni intereses comunes?
Pues las hay: en su libro Amando a Pablo, odiando a Escobar, la que fuese durante muchos años amante de Pablo Escobar dice que éste le confesó en la intimidad que el gobierno de Felipe González se había vendido al cártel. Nada nuevo si tenemos en cuenta que, tal y como se demostró después, los gobiernos de Panamá, Cuba, Nicaragua y hasta el propio gobierno de las Bahamas cayeron en los sobornos del cártel de Medellín. La pregunta realmente interesante en lo que se refiere al derecho internacional y las formas de juzgar en diferentes países u órdenes jurídicos es: ¿por qué si el doctor Alberto Santofimio Botero está condenado pagando una pena por haber incitado o sido determinante en la muerte de Luis Carlos Galán (con estas mismas pruebas como fuentes testimoniales) no lo está también el expresidente de España?
El 13 de julio de 1986, pasados veinte meses, seis fallos distintos, una sentencia definitiva dictada por un jurado especial y un cúmulo de retorcidos procedimientos que solo parecían entender los abogados, Ochoa regresó a su país natal […].
Según el Diario 16, fuentes judiciales afirmaron haber sido presionadas por Felipe González y su ministro de Justicia Fernando Ledesma, dos figuras cercanas al lobby colombiano. No olvidemos que el presidente tiene también esa nacionalidad y goza de inversiones y negocios en Colombia. Según el autor José Luis de Vilallonga, al fragor de unas copas en su casa de París, un importante empresario vasco-colombiano (Enrique Sarasola) le dijo que su amigo Felipe le había dicho que contaba con una «fortuna» en Colombia. ¿Cómo consiguió amasarla? […]
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