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España tiene por ley el doble de plazo que Eslovaquia, Polonia o Portugal para responder a las solicitudes de transparencia.

Gonzalo Sichar

En España, por ley, una administración puede tardar un mes en responder en cuestiones relacionadas con la transparencia. El plazo contrasta con los apenas 8 días hábiles con los que cuentan las autoridades de Eslovaquia, donde no se tienen en cuenta los fines de semana ni los festivos, según una investigación liderada por Civio en el marco de la Red Europea de Periodismo de Datos (EDJnet).

Fuente: Civio.

Lo que sí comparten los diez países europeos analizados es la falta generalizada de cumplimiento de las normas de transparencia. «La ley es buena, el problema es su aplicación», dice la periodista croata Dijana Pribačić Jurić, de H-Alter. «Hemos tenido casos en los que, tras un largo procedimiento administrativo, hemos recibido información de nuestras solicitudes después de 2-3 años (cuando ya no son relevantes en un sentido periodístico)», añade Toni Gabrić, director del mismo medio. Algo parecido ocurre en España, Portugal o Grecia, según las fuentes consultadas por Civio.

En los círculos jurídicos se repite que la justicia si no es rápida no es justa. Pues algo parecido sucede con la transparencia. La falta de agilidad en estos temas denota una falta de interés en la propia transparencia. Immanuel Kant decía que la publicidad es el criterio de justicia de las normas que pretendemos aplicar o imponer. Por ello, dice que “Son injustas todas las acciones que se refieren al derecho de otros hombres cuyos principios no soportan ser publicados”. Para el filósofo prusiano la manera más segura de saber si es justa o injusta una intención política, una ley o una decisión de un gobernante es sacándolas del secreto y poniéndolas a la vista de la opinión pública.

Entonces, juzguen ustedes por qué los gobernantes dan tantas largas a la transparencia.


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