Ni la UE ni el Gobierno central son amigos del sector primario.

Pablo Gea

El Presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) lo ha expresado de manera clara: ‘No podemos estar aquí prohibiendo [productos] fitosanitarios, limitando los fertilizantes, todo el tema de las hormonas, los sectores genéticamente modificados. Al final todo eso hace que la dimensión de las explotaciones que tenemos aquí, con respecto allí, la va a hacer muy poco viable’.

Lee el artículo completo en el siguiente enlace:

La Transición y la Carta Magna de 1978 no pueden constituir una tradición sacrosanta que esclavice a las generaciones venideras.

Pablo Gea

Que llevan desde el Gobierno con la cantinela de reformar la Constitución todas efemérides igual. Sin duda, es su objetivo; y sin duda también, hay que reformarla. La Transición y la Carta Magna de 1978 no pueden constituir una tradición sacrosanta que esclavice a las generaciones venideras. Antes bien, es preciso actualizarla, pero en el sentido adecuado.

Dos pulsiones se abren paso: una, la que pretende desmantelar el Estado de Derecho para instaurar en su lugar un sistema que conserve de la democracia sólo el ropaje; y otra diferente, que pretende eliminar los privilegios territoriales y de grupo, suprimir las trabas burocráticas y garantizar las libertades de los individuos. Izquierda/Derecha, Derecha/Izquierda. Son sólo etiquetas. Lo que importa es lo que se defiende detrás. Y, en este caso, las líneas maestras están bien delimitadas.

Cualquiera podría pensar que reflexionar sobre esto es una chorrada, porque el mecanismo de reforma -cuando no el de revisión completa de la Constitución- es tan complejo y difícil, que un cambio significativo se antoja imposible. Puede ser. Aunque también puede que no. Las maniobras políticas en manos de gente astuta hacen maravillas. Y lo que antes parecía imposible, ahora lo es. Baste echar un vistazo al panorama actual. Todas las líneas rojas sobre lo que se podía hacer y lo que no han saltado por los aires. Lo que viene a significar que estamos en un escenario en el que puede suceder cualquier cosa. Buena o mala. Y no están pasando precisamente cosas buenas.

El planteamiento del cambio de sistema constitucional por parte gubernamental presenta unas líneas maestras que, a estas alturas, no son un enigma para nadie. Federalismo asimétrico en el que Cataluña y País Vasco (veremos si Galicia y Comunidad valenciana también) ostenten privilegios económicos, fiscales, competenciales y jurídicos sobre el resto de los españoles; eliminación de los derechos individuales en pos de la primacía de los derechos de los colectivos, consagrándose la desigualdad por categoría; sometimiento de la actividad de los sujetos a los dogmas morales imperantes y socialmente exigibles a todas las entidades; y severa discriminación de los grupos político-sociales no afines.

Por el contrario, los planteamientos de cambio que se preconizan desde los sectores que se oponen -de verdad- a las actuales fuerzas gobernantes pasan por la efectiva separación de poderes del estado, la desburocratización de la Administración Pública, las rebajas fiscales y, en definitiva, la igualdad jurídica y política de todos los españoles independientemente del territorio en el que se viva, así como de la raza o del género. Con una mira clara en el alivio de las condiciones de vida de la clase media y de los trabajadores, asfixiados por la carga tributarias y por el coste de vida.

Se trata de visiones antagónicas, que no pueden ser nunca complementarias. Porque los espíritus que las nutren difícilmente podrían ser más diferentes. Un resumen tan triste como claro de la polarización que se ha apoderado del país. Eso sí, buscada, perseguida y agravada por actores políticos claramente identificables, que saben que sólo pueden conseguir sus objetivos cuanto más se descomponga el cuerpo social de la nación.

Ahora sólo queda elegir.