Lunes, 17 de febrero, 2025
24S

La situación actual es sólo la continuación de un proyectado desmantelamiento del sistema democrático impulsado por los socialistas, los comunistas y los nacionalistas.

Pablo Gea

Quienes hasta hoy constituyen la coalición gobernante llevan años trabajando abiertamente por resucitar la política de bloques ideológicos y antagónicos, en un insensato propósito de arrastrar al conjunto de la sociedad a la compra de un relato deshumanizador del ‘contrario’. Hoy, tras los actos convocados en Madrid por el Partido Popular por un lado, y por la formación que represento junto con otras por otro, queda claro que los bloques son una realidad. Y no unos bloques guerracivilistas, como pretendieran el PSOE y la extrema izquierda, sino aquellos que defienden la Constitución, la legalidad y el Estado de Derecho, y los que no. Así de sencillo y así de claro. Cualquier intento de complicar una realidad tan diáfana sólo contribuye a distorsionar la realidad.

Lejos de las siglas y de los egos partidistas de turno, lo que deja claro el 24 de septiembre de 2023 es que existe un contundente clamor social en España que pide, que exige, una unión contra las políticas de Pedro Sánchez y los suyos. Unas políticas dispuestas a sacrificar los derechos y libertades a cambio de ceder al chantaje de los nacionalistas catalanes y vascos para poder mantener al poder. Tanto más grave aún si se tiene en cuenta que la formación que ha ganado las elecciones es el Partido Popular, y no el Partido Socialista. La situación actual es sólo la continuación de un proyectado desmantelamiento del sistema democrático impulsado por los socialistas, los comunistas y los nacionalistas. Que persiguen perpetuarse en el poder, destruir España como nación, como realidad y como símbolo, y edificar un sistema iliberal en el que la oposición no tenga la más mínima opción de gobernar y ellos puedan implementar sin escollos su agenda política colectivista y enemiga de los derechos individuales de las personas.

La politización del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial, la manipulación del CIS, de RTVE, el control de la Fiscalía General del Estado, de la burocracia, la colocación a dedo de cargos públicos, la toma de decisiones abiertamente inconstitucionales vía Decreto, los indultos a los delincuentes, las leyes chapuceras y lesivas de derechos, la imposición de la cultura de la cancelación, la limitación de la libertad de expresión, el fanatismo ecológico, el discurso de odio hacia los hombres, el ataque a los jueces, el olvido de la clase media y trabajadora, las dificultades a los autónomos y a la actividad económica… Y un largo etcétera. Todo ha eclosionado en una expresión civil y legítima de descontento. Y no, como se ha afirmado desde La Moncloa, de una rebelión. Rebelión es la que llevaron a cabo los independentistas dirigidos por Puigdemont. Un delincuente prófugo con el que se ha reunido la Ministra de Trabajo Yolanda Díaz y con el que va a pactar un Presidente del Gobierno.

Llegados a este punto, es necesario por parte de todos los que están en la arena política que se posicionen claramente y sin fisuras. Para que la ciudadanía entienda precisamente esta posición. Obviando siglas, cargos y juegos de poder. La responsabilidad estriba ahora en remar todos con el mismo rumbo, porque tripulamos el mismo barco. Una vez salvado del Estado de Derecho de quienes quieren destruirlo, tengan lugar todos los debates políticos que sean pertinentes. Pero es una tarea para el mañana. Hoy toca unirse y apoyarse mutuamente. Un ejercicio de responsabilidad que la sociedad española nos demanda a quienes estamos en disposición de hacerlo.

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