PEDRO SÁNCHEZ. UN BALANCE DE FIN DE AÑO. PARTE 1: LA PANDEMIA.

Salvo para quienes estén dispuestos a defenderla a capa y espada, la gestión global del Gobierno de Pedro Sánchez no puede calificarse con otro adjetivo que el de calamitosa.

Pablo Gea – La Iniciativa

Se acaba el año y toca hacer balance. Es un tópico, lo sé. Y, dado como ha ido la cosa este 2020, no creo que nadie esté por poner mucho en la balanza. Si es que se espera equilibrar algo. Cuando lo malo sobreabunda, poner lo positivo encima de la mesa se antoja o bien un acto de cinismo o bien uno de triste ingenuidad. Quizás estos sean los mimbres que nos permitan formarnos un juicio adecuado sobre este curso político. Porque, si bien la aprobación por parte del Congreso de los Diputados de la Ley de la Eutanasia es algo que sinceramente hay que aplaudir a este Gobierno, con la misma crudeza estos aplausos deben cesar una vez dejamos de tratar esta materia. Salvo para quienes estén dispuestos a defenderla a capa y espada, la gestión global del Gobierno de Pedro Sánchez, incluyendo la Crisis del Covid, no puede calificarse con otro adjetivo que el de calamitosa. El desastre se pone de manifiesto siguiendo las diferentes etapas de acción y los resultados cosechados.

NEGLIGENCIA EN LA GESTIÓN

A estas alturas, prácticamente nadie puede dudar del uso político que se le ha dado a la pandemia, tanto por parte del Gobierno mismo como de la Oposición. Si bien es cierto que igualmente indudable es que desde Moncloa se retrasó la puesta en marcha de las medidas de confinamiento para poder sacar rédito político del 8-M. Porque si se archivó la investigación criminal contra el Delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid es porque desde la Instrucción del Procedimiento se entendió que la inactividad, la pasividad, así como la autorización de unas concentraciones y la desautorización de otras, obedeció a instrucciones gubernamentales. No imputables, por tanto, al sujeto que se investigaba.

No obstante, el Ministro de Ciencia Pedro Duque se encargó de reconocer en una comparecencia ante las televisiones en marzo que ya desde enero conocían la gravedad de la pandemia. Algo que quedó respaldado al conocerse el dato de que Fernando Simón, al frente de la gestión de la Pandemia como director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, pertenecía desde el año 2012 al Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, el cual impulsó la alerta emitida por la Comisión Europea el 9 de enero que activó el denominado Sistema de Alerta y Respuesta Temprana. Sin embargo, el mismo día 7 de enero de 2020, Fernando Simón exhortaba a la población a acudir a los actos del 8-M, descartando el contagio incontrolado del virus y su diseminación generalizada. Tan sólo para que, justo un día después del 8 de marzo, el Gobierno se pusiera manos a la obra para atajar la que se le venía encima y acabara confinando a toda la población al final de esa semana.

No sólo eso, sino que -para los que tengan buena memoria- el Gobierno destituyó al responsable del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Policía Nacional, José Antonio Nieto, por firmar una instrucción recomendando a los agentes la utilización de guantes y mascarillas en los controles de los aeropuertos, así como la evitación de aglomeraciones.

Todo ello cuando en Italia ya iban por 5.000 contagiados y en España ya había 83 personas diagnosticadas. Incluso, desde enero se pusieron en marcha medidas para dotar a los efectivos de la Policía Nacional de guantes y mascarillas. Eso sí, quienes de entre el Gobierno acudieron a la manifestación del 8-M lo hicieron con guantes de látex, mientras que el resto de la población acudió como ovejas al matadero hacia lo que se reveló a posteriori como un foco de contagio verdaderamente letal.

A esto hay que añadir la decisión fatal de enviar a los sanitarios a enfrentarse a una pandemia de efectos desconocidos, pero a buen seguro graves, sin las más mínimas medidas de seguridad. Ni trajes ni equipos adecuados. Nada. Como nada tampoco se hizo por asegurar el suministro regular a la población de mascarillas, geles desinfectantes y guantes. El grado de improvisación y de negligencia criminal llegó al absurdo cuando salió a la luz pública el fiasco de los test rápidos, que fueron comprados por el Gobierno a una empresa china que no estaba en el listado de vendedores oficiales autorizados por la República Popular y de los que hubo que deshacerse dado que no servían para nada. Todo ello costeado con dinero público.

EN GUERRA CON LA OPOSICIÓN

Por si fuera poco, desde el primer momento se utilizaron los recursos gubernamentales para impulsar la imagen mediática de los partidos integrantes del Ejecutivo, PSOE y Unidos Podemos, planteando la estrategia de comunicación como si de una campaña electoral se tratara. No por casualidad se distribuyeron folletos en las residencias de ancianos a cargo del Vicepresidente Segundo Pablo Iglesias ‘informando’ de que los problemas que se estaban experimentando en aquellos aciagos momentos eran debidos a los ‘recortes’ impuestos a la Sanidad Pública por el Partido Popular. La cosa fue más allá con el Decreto del Estado de Alarma, pues en el primero de todos se ‘coló’ el nombramiento del propio Pablo Iglesias como integrante de la Comisión de Control del CNI para zafarse así del bloqueo parlamentario que algo así estaba generando. Ahora la Oposición no tenía más remedio que votar a favor de ello si no quería que el aparato mediático del Gobierno le acusara de anteponer sus intereses ideológicos a la vida de millones de españoles.

Y así todo. El apoyo que le prestó Ciudadanos cuando el Partido Popular se enrocó y Vox siguió a lo suyo fue contestado con la puñalada por la espalda del pacto con Bildu para una derogación de la Reforma Laboral del PP que luego no fue tal. Que los escrúpulos y la fiabilidad de Sánchez y sus socios eran inexistentes se puso de manifestó de manera siniestra con la aprobación de la Ley Celaá (que recoge los postulados nacionalistas en materia lingüística) y la negociación con un partido compuesto por los herederos confesos de la banda terrorista ETA como es Bildu de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Pero lo más insólito ha sido, sin lugar a dudas, la guerra entablada por el Ejecutivo con la Comunidad de Madrid en plena pandemia, ofreciendo un acuerdo para sellar la paz para, horas después, defenestrarlo y recurrir a la imposición del Estado de Alarma vía Decreto en contra de la decisión de los tribunales. Y, de entre las titubeantes medidas implementadas durante la desescalada, hay que destacar la obligatoriedad del uso de las mascarillas. La cual, por cierto, fue descartada durante la Pandemia en base a un criterio médico inexistente para ocultar el hecho de que el motivo real era que no se contaba con un suministro tal que permitiera abastecer a toda la población. Lo que no fue impedimento para gravar con el IVA las mascarillas quirúrgicas en base a unas supuestas instrucciones europeas que luego demostraron ser falsas.

         El conjunto de lo anterior engarzado dentro de un entramado de decisiones asesoradas por un Comité de Expertos al cual se aludió en repetidas ocasiones por el mismo Presidente del Gobierno y cuya inexistencia fue reconocida públicamente por él. Lo que sorprendentemente no le costó el cargo.

Con todo, lo más escalofriante de todo es que, a día de hoy, todavía existan dudas sobre el número de muertos ocasionados por la Pandemia, que según cifras oficiales se acera a los 50.000 muertos. Un balance absolutamente desolador del que parece no haberse aprendido nada, pues de otra forma no cabe explicarse que el Gobierno se negara a hacer controles sanitarios en las fronteras hasta el mes de diciembre, contentándose con un vergonzoso ‘control visual’ totalmente fantasioso que, como es obvio, no ha servido para prevenir eficazmente la ‘segunda ola’. Y todo por no tener que reconocer ante la población, dañando así su imagen pública, que las afirmaciones vertidas a principios del mes de julio sobre la victoria total y definitiva sobre el virus eran falsas.

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