Miércoles, 12 de agosto, 2026
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En las últimas semanas, el presidente de la Generalidad de Cataluña, Salvador Illa, ha insistido en que no habrá “normalidad” política en la región hasta que Carles Puigdemont y Oriol Junqueras puedan ejercer su papel político con “plenitud”.

Javier Manzano Franco.

Escritor.

Javier Manzano Franco.

Escritor.

Con ello, subraya la importancia de la ley de amnistía aprobada por el Parlamento y todavía cuestionada en los tribunales. Desde Madrid, el propio Pedro Sánchez ha reiterado que está dispuesto a reunirse con los líderes independentistas, bajo el signo de una reconciliación destinada a garantizar la aprobación de los próximos Presupuestos.

            Lo primero que hay que señalar de estos acontecimientos es la perversión del lenguaje que los envuelve: ¿qué significa “normalidad”? Es a todos evidente que en política las palabras esconden más de lo que revelan. La apelación a la “normalidad” es el velo bajo el cual se esconde un cálculo de supervivencia parlamentaria. No se trata de resolver un conflicto histórico, ni de sanar las heridas de una comunidad dividida, sino de asegurar los apoyos necesarios para que el Gobierno prolongue su mandato.

            La política moderna se ha convertido en gestión técnica, en negociación interminable entre partidos cuya única razón de ser es preservar cuotas de poder. El caso español es paradigmático: la llamada “convivencia” en Cataluña no se persigue mediante un verdadero proyecto común, sino a través del intercambio de favores, la modificación ad hoc de las leyes y la subordinación de la justicia a la conveniencia coyuntural.

            Algunos verán en el independentismo catalán la afirmación de un pueblo frente al centralismo madrileño, pero nada más lejos de la realidad. Otra realidad se oculta tras el espejismo: un separatismo que no busca una verdadera soberanía popular sino ficticia, destinada a reproducir a menor escala los mismos vicios del Estado del que pretende separarse. Cataluña independiente no sería más libre ni más auténtica: seguiría encadenada a Bruselas, a la lógica del globalismo económico, a las exigencias de la OTAN y a la esterilizante uniformidad cultural que emana del mercado mundial.

            El nacionalismo catalán es hijo legítimo de la misma modernidad que dio a luz al Estado-nación centralista. Se enfrenta a él, pero con sus mismas armas: el cálculo jurídico, el mito contractual, la ilusión de que la identidad puede reducirse a un plebiscito. Así como España ha perdido en un momento dado la capacidad de integrar sus partes en un proyecto común, el separatismo catalán tampoco ofrece un horizonte distinto. Es, en última instancia, una fragmentación que conduce al debilitamiento general.

            Mientras tanto, lo que se negocia en despachos de Bruselas o en la Moncloa no es el destino de un pueblo, sino los porcentajes de déficit, la ampliación de un aeropuerto o la supervivencia de bancos. La política queda reducida a economía, la economía a tecnocracia y el pueblo convertido en espectador pasivo de un teatro de sombras.

            La verdadera cuestión candente no es Puigdemont ni la amnistía, sino la crisis de legitimidad que atraviesa todo el edificio político europeo. España no escapa a esta crisis, pero Cataluña tampoco. El Estado-nación se deshace, pero aquello que lo reemplaza no es una comunidad orgánica de pueblos soberanos, sino un mosaico de regiones administradas desde arriba por poderes transnacionales.

            Quienes celebran la amnistía como el triunfo de la convivencia se engañan: lo que se celebra, en realidad, es la victoria de la política como negocio. Y quienes ven en el independentismo catalán una alternativa radical olvidan que se trata de una disidencia domesticada, incapaz de pensar más allá de las fronteras que le impone el globalismo.

            La crisis española no se resolverá ni con amnistías ni con presupuestos, ni con el retorno de Puigdemont ni por supuesto con la permanencia de Sánchez en la Moncloa. Se resolverá únicamente cuando se recupere la idea de soberanía real: soberanía del pueblo frente a los partidos, soberanía de la comunidad frente al mercado y, soberanía de lo político frente a la economía. Todo lo demás no es más que teatro.


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