APAGAD LA LUZ, MUCHACHOS

Mientras se siga dependiendo de combustibles fósiles para generar la energía que utilizamos, toda medida impositiva destinada a desincentivar su consumo siempre va a tener como resultado un aumento del coste para el contribuyente.

Pablo Gea

Los hechos acaecidos en Afganistán parecen haber ofrecido una coartada perfecta al Gobierno de España para escurrir precariamente el bulto del espinoso asunto de la luz. Un problema que escenifica, una vez más, la división existente dentro del mismo entre el PSOE y Unidos Podemos. Cada cual, con su receta ideológica, pero incapaces de atajar un problema que se antoja inabordable. Y lo es porque no se puede abordar ideológicamente lo que no tiene tanto que ver con la ideología como con las condiciones estructurales del mercado en el que uno opera. El Banco de España ya publicó un informe notablemente lúcido sobre el tema, en el que destaca tres razones básicas por las cuales la luz está subiendo hasta máximos históricos, dejando a los más pobres y humildes en una situación desamparo sin parangón: el encarecimiento de los precios del derecho de emisión de CO2 (una política con la que la Unión Europea ha tratado de rebajar el consumo de combustibles fósiles), lo que repercute directamente en los costes de generación de energía; el aumento del precio del gas; y, finalmente, el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, que las empresas repercuten sobre el precio de mercado.

¿Qué es lo que sucede aquí realmente? Que, mientras se siga dependiendo de combustibles fósiles para generar la energía que utilizamos, toda medida impositiva destinada a desincentivar su consumo siempre va a tener como resultado un aumento del coste para el contribuyente. Se trata de un razonamiento tan sencillo que todas las explicaciones políticas que parecen querer dársele sólo van destinadas a desviar la atención de una realidad que debería ser evidente para todos. Lógicamente, y en tanto que ni los Gobiernos ni la Unión Europea tienen la más mínima intención de recular en sus políticas, no cabe más que asumir que este es un mal que se va a seguir dando durante muchos años. Los damnificados -todos nosotros- hemos de hacernos a la idea de que somos conejillos de indias para la Agenda 2030, un gigantesco proyecto de ingeniería social por el que los ciudadanos deberán renunciar a su libertad a cambio de seguridad. La vieja disyuntiva de siempre, en la que las élites políticas y económicas globales parecen haber tomado un partido claro.

         Y si los ciudadanos quieren encontrar responsables, estos no se hallan tanto en los prestadores de energía -cuya culpa tampoco se puede dejar de lado- sino en la forma que se ha dado a los contornos del mercado energético, delimitado por leyes que gravan sistemáticamente las materias primas de las que se nutren, en definitiva, las necesidades de la población. Razón por la cual resulta cínico que quienes han provocado el desastre ahora pretendan fingir no tener ninguna responsabilidad, ni mucho menos carecer de medios para arreglarlo. Lo que no existe es voluntad política, y todos los anuncios de intervención en dichos mercados se revelan falaces cuando la receta es gravar aún más los combustibles fósiles y obligar a los prestadores de energía a fijar precios-tope para que luego sea el Estado el que absorba dicha diferencia por medio de la creación de nuevos impuestos o, en su defecto, por el incremento de los tipos impositivos.

España, además, sigue empecinada en la torpeza de no estrechar lazos con Argelia, país exportador de gas esencial, en pos de someterse a la política suicida y en contra de los intereses autóctonos impuesta por la Unión Europea y los Estados Unidos de contemporizar con Marruecos e ir aceptando poco a poco todos los chantajes que hace y que emplea, sin que le tiemble la mano, para ganar terreno. El que se haya planteado una nueva subida del SMI, cuando todavía existen millones de parados, de personas en el umbral de la pobreza con trabajos precarios, constituye la prueba más evidente de que con el asunto de la luz no se piensa hacer absolutamente nada. Aun cuando incluso existen ordenanzas municipales que abren la puerta a la imposición de sanciones administrativas en los tramos en los que su consumo resulta más barato. Ojo con poner la lavadora y el lavavajillas de madrugada.

Así las cosas, toca tomar conciencia de lo que es una realidad tan apabullante que no admite justificación su ignorancia, por mucho que todavía haya quienes prefieran mirar para otro lado y no darse cuenta de lo evidente. Y es que nuestras élites políticas y económicas desarrollan deliberadamente políticas que van contra nuestros intereses más inmediatos, disfrazándolas de discursos grandilocuentes y pretendiendo hacernos creer que lo hacen por nuestro bien. Cada minuto que permanezcan en el poder, es un retroceso en nuestras posibilidades de aspirar a vivir con dignidad.

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