Miércoles, 12 de febrero, 2025
La Iniciativa

El mismo día que Nicolás Maduro pretende perpetuarse en el poder en Venezuela, el Gobierno del PSOE en España saca una proposición de ley para limitar las acusaciones populares.

Pablo Gea

Inequívoca y tramposa. No de otra forma puede definirse la proposición de ley que el PSOE lleva al Congreso. Tramposa, porque al adoptar la forma de proposición de ley y no de proyecto de ley, se salta los informes del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Fiscal, que son imprescindibles para que un proyecto pueda plantearse. E inequívoca, por cuanto no se anda con rodeos y va directamente a la yugular: evitar procedimientos judiciales como los que actualmente afectan a Begoña Gómez (esposa del Presidente del Gobierno), David Sánchez (su hermano) o Álvaro García Ortiz (Fiscal General de Estado).

La reforma que se plantea tiene varios pilares fundamentales:

  • Limitar la participación de las acusaciones particulares al juicio oral o a la interposición de la querella, sin intervención libre en la fase de instrucción (lo que es la investigación) como hasta ahora.
  • Prohibición a los partidos políticos, fundaciones, asociaciones, así como a las instituciones de derecho público (como ayuntamientos, gobiernos, comunidades autónomas, etc) de iniciar procedimientos judiciales como acusación popular.
  • Prohibición de emplear noticias de prensa -los llamados ‘recortes’- como pruebas en las investigaciones judiciales.
  • Recusación de los jueces que en algún momento hayan manifestado opiniones en contra de la actuación de los gobernantes.

Según Patxi López, fiel furriel de las tropelías de Sánchez, se trata de una iniciativa ‘contra los ultras para impedir sus mecanismos de acoso a artistas, intelectuales, partidos políticos utilizando la Justicia’. Es decir, que lo que se busca amordazar la capacidad de poder fiscalizar judicialmente la corrupción de los gobernantes. Para que el PSOE, que es el campeón en esto, no vuelva a verse arrastrado por escándalos como estos nunca más.

Puede que a quien lea estas palabras, el asunto ni le vaya ni le venga. Pero las consecuencias son importantes, porque la mayoría de los casos de corrupción contra políticos que se investigan en este país lo son a causa de acusaciones populares. Las personas particulares no tienen ni el tiempo ni el dinero como para meterse en semejante batalla. Limitar su acción hasta el punto de hacerla casi inoperante es una forma que tiene el poder político de blindarse ante la acción de los ciudadanos. Lo mismo vale para las instituciones públicas que, como representantes públicos, están en la obligación de llevar a los tribunales los casos de corrupción. Si se aprueba esta iniciativa, ya no.

Es más, cualquiera que esté familiarizado con el funcionamiento de los procedimientos penales sabe que las noticias de prensa constituyen -de probarse su veracidad- una fuente de prueba formidable en muchos casos. Impedir que puedan usarse constituye un atentado contra la tutela judicial efectiva y un recorte extremadamente autoritario en el arsenal probatorio que pueden utilizar tanto los abogados como los fiscales.

Un aspecto de esta proposición que sí que no puede disimular su autoritarismo es la proscripción de la opinión libre de los jueces. Que se les pueda recusar porque en algún momento hayan emitido una opinión en contra del gobierno es un rasgo característico del tipo de legislación vigente en las dictaduras, pero jamás en las democracias. Un gobierno que se atreve a esto actúa de esta manera porque piensa que su pueblo está lo suficientemente narcotizado como para aceptarlo mansamente.

Poco a poco, ley a ley, nos están arrebatando las libertades ante nuestras propias narices. El camino hacia la dictadura continúa inexorable…


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