¿SUSPENDE EL AYUNTAMIENTO DE HUELVA?
La presión fiscal y la burocratización administrativa lastran a los sectores más humildes de Huelva, que verán empeorada su situación con la implantación de la Zona de Bajas Emisiones.
Pablo Gea
Estamos en el ecuador del mandato de Pilar Miranda, alcaldesa de Huelva por el Partido Popular, y llega el momento de hacer balance. Parece que aún queda para las próximas Elecciones Municipales, pero se trata de un tiempo que corre deprisa y que, antes de que nos demos cuenta, estará aquí.
Tras la nefasta etapa de Gabriel Cruz al frente del consistorio, en 2023 los populares lo recuperaron después del largo mandato de Perico Rodri. El que el PP controlara también la Junta de Andalucía y la Diputación parecía abrir un nuevo horizonte prometedor, aunque ello fuera tan sólo por el hecho de que el mismo partido controlaba tres de los cuatro niveles administrativos más importantes, salvo el gobierno nacional. Ello desencallaría problemas burocráticos y de financiación en tanto que estos no dependieran de la Moncloa. El asunto del AVE es elocuente.
No obstante, parece que todo esto se ha diluido si atendemos a las cifras y a la posición que, por desgracia, ocupa la ciudad de Huelva cuando se la compara con el resto de las grandes ciudades españolas. Especialmente a nivel fiscal, constituyendo uno de los municipios más restrictivos por delante de Barcelona, aunque por detrás de Sevilla, y a una distancia sideral de ciudades costeras como Alicante, Castellón o Almería. Esto es algo que comienza en la misma matriz, pues el Ayuntamiento de Huelva siempre ha adolecido de una burocratización innecesaria que ha lastrado los trámites administrativos hasta el punto de retrasar, cuando no impedir, la inversión económica. Y, aunque esto es algo lamentablemente generalizado en España, no menos cierto es que existe una notable diferencia entre unos municipios y otros. Razón por la que se impone un cambio en el modelo de ciudad que permita explotar todas las capacidades que la ciudad ofrece.
Ello pasa no sólo por una reestructuración de la plantilla municipal, sobredimensionada y, en determinados casos, ineficiente, sino por impulsar una mayor transparencia presupuestaria de manera que los vecinos de Huelva conozcan con un notable grado de exactitud para qué se emplea su dinero. Especialmente dado que Huelva soporta una de las presiones fiscales más altas de toda España, lo que tiene como exponente más sórdido la subida del IBI en un 15% aprobada el pasado 2024 y que está en vigor desde enero de 2025. Una subida que a quien más perjudica es a los colectivos más vulnerables, especialmente a las familias con menos medios que viven en las zonas de la periferia. Cada vez más aisladas del centro, especialmente tras la ampliación de la Zona de Bajas Emisiones, que incluirá 17 puntos de acceso en tres zonas (A, B y C). Cada punto de acceso estará equipado con cámaras y lectores de matrículas de vehículos, capaces de gestionar directamente los listados de vehículos autorizados y las propuestas de sanción administrativa para los infractores. Total: más castigo económico y menos libertad individual.
Sorprende, por tanto, que una ciudad que todo el mundo sabe que podría estar mejor gestionada, que adolece de un grave problema de presión fiscal, carencia y baja calidad de infraestructuras, baja inversión económica y una deuda pública cada vez mayor, vaya a gastarse el dinero en imponer más restricciones para su sufrida ciudadanía. En aplicación de los postulados de la Agenda 2030 y del fanatismo ambientalista, y a costa de los sectores más vulnerables. Pues serán los trabajadores que no pueden costearse un coche eléctrico o un híbrido los que pagarán el pato. Cuando, si el Ayuntamiento de Huelva realmente pensara en las necesidades reales de sus vecinos, destinaría una inversión sustancial a mejorar el lamentable estado del firme de algunas de las calles de la ciudad y, en definitiva, a dotar de unas infraestructuras públicas dignas de tal nombre a los barrios más desfavorecidos.
Lamentablemente, no parece que el consistorio de Pilar Miranda vaya a modificar sus políticas, que como sucede con todas las que impulsa el Partido Popular, cada día resultan más indistinguibles de las del Partido Socialista.
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