¿Hay que abolir el Tribunal Constitucional?

Pablo Gea

Pocos se han percatado de ello entre el fuego cruzado de los reproches políticos y los constantes escándalos que nos salpican, pero hemos vivido un momento histórico. Más importante incluso que el que el Gobierno decidiera aprobar la ley de la Amnistía, es que el Tribunal Constitucional la haya validado. Sólo los más ingenuos podían esperar que prevaleciera la sana crítica. En realidad, se ha tratado de una cuestión numérica: los magistrados afines al gobierno son más que lo que no son de su cuerda. Así de sencillo. Ni filosofía, ni grandes principios del Derecho, ni monsergas, ni cuentos.

Pablo Gea – huelvahoy.com

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Es muy seguro que, moralmente, tanto Errejón como Rubiales merecen que los condenen. Uno por golfo y otro por hipócrita. Pero una cosa es eso y otra cosa es pervertir la limpieza de los procedimientos judiciales para enjuiciar o condenar en función de a qué grupo pertenezcan el denunciante y el denunciado.

Pablo Gea

Los casos de Jennifer Hermoso y de Íñigo Errejón vuelven a poner, gracias a la acción gubernamental, a los jueces y al sistema judicial en el candelero.

Pablo Gea – antenahuelvadigital.com

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El mismo día que Nicolás Maduro pretende perpetuarse en el poder en Venezuela, el Gobierno del PSOE en España saca una proposición de ley para limitar las acusaciones populares.

Pablo Gea

Inequívoca y tramposa. No de otra forma puede definirse la proposición de ley que el PSOE lleva al Congreso. Tramposa, porque al adoptar la forma de proposición de ley y no de proyecto de ley, se salta los informes del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Fiscal, que son imprescindibles para que un proyecto pueda plantearse. E inequívoca, por cuanto no se anda con rodeos y va directamente a la yugular: evitar procedimientos judiciales como los que actualmente afectan a Begoña Gómez (esposa del Presidente del Gobierno), David Sánchez (su hermano) o Álvaro García Ortiz (Fiscal General de Estado).

La reforma que se plantea tiene varios pilares fundamentales:

• Limitar la participación de las acusaciones particulares al juicio oral o a la interposición de la querella, sin intervención libre en la fase de instrucción (lo que es la investigación) como hasta ahora.

• Prohibición a los partidos políticos, fundaciones, asociaciones, así como a las instituciones de derecho público (como ayuntamientos, gobiernos, comunidades autónomas, etc) de iniciar procedimientos judiciales como acusación popular.

• Prohibición de emplear noticias de prensa -los llamados ‘recortes’- como pruebas en las investigaciones judiciales.

• Recusación de los jueces que en algún momento hayan manifestado opiniones en contra de la actuación de los gobernantes.

Según Patxi López, fiel furriel de las tropelías de Sánchez, se trata de una iniciativa ‘contra los ultras para impedir sus mecanismos de acoso a artistas, intelectuales, partidos políticos utilizando la Justicia’. Es decir, que lo que se busca amordazar la capacidad de poder fiscalizar judicialmente la corrupción de los gobernantes. Para que el PSOE, que es el campeón en esto, no vuelva a verse arrastrado por escándalos como estos nunca más.

Puede que a quien lea estas palabras, el asunto ni le vaya ni le venga. Pero las consecuencias son importantes, porque la mayoría de los casos de corrupción contra políticos que se investigan en este país lo son a causa de acusaciones populares. Las personas particulares no tienen ni el tiempo ni el dinero como para meterse en semejante batalla. Limitar su acción hasta el punto de hacerla casi inoperante es una forma que tiene el poder político de blindarse ante la acción de los ciudadanos. Lo mismo vale para las instituciones públicas que, como representantes públicos, están en la obligación de llevar a los tribunales los casos de corrupción. Si se aprueba esta iniciativa, ya no.

Es más, cualquiera que esté familiarizado con el funcionamiento de los procedimientos penales sabe que las noticias de prensa constituyen -de probarse su veracidad- una fuente de prueba formidable en muchos casos. Impedir que puedan usarse constituye un atentado contra la tutela judicial efectiva y un recorte extremadamente autoritario en el arsenal probatorio que pueden utilizar tanto los abogados como los fiscales.

Un aspecto de esta proposición que sí que no puede disimular su autoritarismo es la proscripción de la opinión libre de los jueces. Que se les pueda recusar porque en algún momento hayan emitido una opinión en contra del gobierno es un rasgo característico del tipo de legislación vigente en las dictaduras, pero jamás en las democracias. Un gobierno que se atreve a esto actúa de esta manera porque piensa que su pueblo está lo suficientemente narcotizado como para aceptarlo mansamente.

Poco a poco, ley a ley, nos están arrebatando las libertades ante nuestras propias narices. El camino hacia la dictadura continúa inexorable…

La Fiscalía está politizada, y lo está hasta las trancas. Y, a pesar de ello, miles de fiscales y jueces honrados se esfuerzan todos los días por combatir esta realidad y desempeñar su trabajo con dignidad.

Pablo Gea

Artículo de Pablo Gea, para Antena Huelva Digital. Puedes leerlo completo en el siguiente enlace:

La Iniciativa entrevista a Antonio Barrera para que nos explique en que consiste su nuevo proyecto, «La Banca Nos Roba».

La Iniciativa

Hoy nos sentamos a hablar con Antonio Barrera, Coordinador de Comunicación de Despertar Social, de un nuevo proyecto impulsado por él con el propósito de prestar novedosos servicios a los ciudadanos, La Banca Nos Roba. En esta entrevista nos expone sus líneas maestras.

–¿Cuál es el origen del proyecto? ¿Quiénes lo componen?

–«Como sabrán muchos, mi especialidad es el Derecho de Consumo en general y, dentro de Consumo, aquellas reclamaciones a la banca y a las entidades financieras. Un buen cliente y amigo mío confió en mi para reclamar las comisiones abusivas que muchos bancos suelen cobrar a sus clientes, comisiones que en su mayoría no pueden justificar, y por tanto, te tienen que reintegrar. Le recuperé más de 400 euros por dichos conceptos, y quedó tan contento que me animó a prestar este servicio a los consumidores. Se puede decir que yo soy la cara visible de este proyecto, aunque junto a mí caminan muchos consumidores hartos de soportar abusos. «

–¿Por qué ese nombre?

-«Pues porque es a lo que se dedican los bancos con sus clientes (presuntamente). La banca ha sido la principal precursora de la usura, de ofrecer préstamos hipotecarios a mansalva sin analizar a quien se lo otorgaba. Recordemos que la principal culpa de la burbuja inmobiliaria que propició la mayor crisis financiera que hayamos vivido fue, en gran medida, por culpa de la banca y los fondos de inversión. Yo todavía estoy esperando a que devuelvan ese dinero que se les prestó para rescatar a los bancos, ¿tú no?«

–¿Cuáles son los objetivos últimos?

-«La Banca Nos Roba surge como un servicio que presto como letrado a todos aquellos que quieran recuperar dinero por comisiones cobradas de forma indebida y abusiva. No obstante, la realidad es que ya somos un movimiento con muchos seguidores que buscan información para poder defenderse de los abusos de la banca. Queremos crear un movimiento de consumidores formados y fuertes.» 

–¿Hacia quién va dirigido?

-«¿Eres cliente de un banco y víctima de sus injusticias? La Banca Nos Roba es tu lugar. «

–¿Cuáles son los servicios que se proporcionan?

-«Buena pregunta. Desde La Banca Nos Roba ofrecemos un asesoramiento jurídico integral sobre todo tipo de reclamaciones bancarias. Ello incluye el estudio en detalle de la situación de cada consumidor que acude a nosotros y de la documentación que nos aporta. No solo actuamos para reclamar las comisiones, sino que también estamos llevando reclamaciones de cláusulas abusivas en los préstamos hipotecarios – los famosos «gastos de la hipoteca, entre otros – e incluso recientemente fuimos contactados porque a un consumidor le exigían pagar una deuda a un banco ¡donde se habían equivocado de persona deudora! ¿Te lo puedes creer?«

–¿Cuáles son los objetivos inmediatos del proyecto?

-«Queremos concienciar a los consumidores de la importancia de reclamar las injusticias que sufren a manos de los bancos. ¿Te cobran comisiones indebidas? Reclama. ¿Te cobraron todos los gastos de la hipoteca? ¿Tienes cláusulas suelo o cláusulas abusiva en tu hipoteca? Reclama. ¿Te están forzando a que pagues una deuda ilegítima? Reclama. Hemos venido a revertir la estadística tan famosa de que cada 10 personas afectadas solo una reclama, y que por ello le sale rentable a los bancos actuar como actúan. A cuantas más personas lleguemos e informemos, mejor. Por lo pronto, pueden contactarnos al correo: info.labancanosroba@proton.me para trasladarnos sus consultas y dudas. «

Y es que el abogado que suscribe a veces se cuestiona si nos encontramos ante una verdadera justicia o en el camarote de los Hermanos Marx

Antonio de Padua

Pocas cosas en esta vida provocan que colmen mi santa paciencia, pero bien es cierto que cuando el vaso de agua se rebosa es muy difícil para mí volver a llenarlo. Esta no es sino una metáfora que empleo para describir que cuando surgen ciertas situaciones insólitas e inauditas que a su vez son, a todas luces, injustas, uno no debe dejarlas pasar o permitirlas.

Recientemente a mi compañera y a mí nos notificaron de un Decreto – por si cabía alguna duda, ambos somos abogados de profesión – en un asunto que estamos llevando en ciertos juzgados cuyo nombre no voy a revelar. Tenemos un cliente que confió en nosotros para demandar, nada más ni nada menos que a Meta. O Facebook, para que el lector nos comprenda. Pues bien: resulta que en el seno de la tramitación de dicho procedimiento desde el Juzgado se nos requería para traducir, no solo la demanda más la documental que nosotros aportamos, sino que también debíamos traducir una serie de resoluciones emitidas desde el propio Juzgado, habida cuenta de que la parte demandada era extranjera y no conocía la lengua castellana.

Quizás a priori la gravedad del asunto no sea percibida, pero les prometo que trataré lo mejor posible de desgranar para el lector poco a poco las entrañas de lo que implica este requerimiento. En primer lugar no existe ningún artículo en nuestra preciada Ley de Enjuiciamiento Civil que obligue a una de las partes a tener que traducir su demanda y documental aportada para hacerla más comprensible a la parte contraria. Lo que sí existe es un derecho de la parte contraria a servirse de intérprete cuando no conozca la lengua oficial del Estado y por las que se desarrollan las actuaciones. De entrada choca bastante que se le exija a una de las partes traducir cuando existe esta posibilidad.

Pero sin duda, lo que más llama la atención y a ambos profesionales nos pareció totalmente injusto fue que se nos requiriera para traducir ciertas resoluciones del Juzgado. Ahí ya que sí puedo asegurarles que no existe artículo en la totalidad de nuestro ordenamiento jurídico que obligue a cualquiera de las partes a traducir las resoluciones del Juzgado para la mejor comprensión de la parte contraria, tratándose además de un requerimiento que está completamente fuera de lugar y que es desproporcionado.

Es decir, Sres. Míos, que lo que el Juzgado pretende es que hagamos su trabajo. Y claro, ya uno se cuestiona qué trabajo realmente es el que se hace en los Juzgados, aparte de requerir injusticias y vulnerar derechos fundamentales. Y un servidor también se cuestiona entonces a qué vino tanto revuelo y huelga para reivindicar subidas salariales. ¿Acaso con este tipo de resoluciones injustas y abusivas pueden justificar su trabajo y motivos por los que querían reclamar ganar más dinero? El letrado que suscribe considera que no, pero como siempre, el asunto está sometido a debate.

Con lo que voy a decir a continuación no pretendo dar pena ni pretendo que se compadezcan de mí, pero la profesión de abogado es sin lugar a dudas injusta. Somos vapuleados por la arbitrariedad de los funcionarios que trabajan en los juzgados, y luego tenemos que sostener ante los clientes y explicar por qué no nos notifican de ciertas resoluciones sin sentido, soportando de paso la ira del cliente. A los abogados se nos exige que justifiquemos nuestro trabajo a la hora de cobrar hasta unas tristes costas del Juzgado, pero uno se pregunta, ¿quién le exige a los funcionarios que hagan bien su trabajo?

Creo que ha llegado ya la hora de que como ciudadanos exijamos auditorias en los Juzgados. Que tengamos acceso al contenido de su trabajo para poder exigirles una mayor productividad. Que se dejen de cuentos de la Justicia obstruida y colapsada – que además culpan de ello a los abogados – porque en la empresa privada da igual que estés hasta arriba de trabajo, que te van a cargar de más obligaciones. Vamos a plantar cara a la desidia, a la mala fe en el trabajo y a la pereza.

Ni que decir tiene que, por supuesto, hemos recurrido el citado decreto del Juzgado y quedamos a la espera de su resolución. Les avisaremos del resultado en cuanto lo sepamos.

Desde Despertar Social se demanda una unión entre los diferentes operadores jurídicos (procuradores, abogados, asesores, letrados judiciales, tramitadores, fiscales, jueces…) para el combate efectivo de las taras que todos sufren.

Editorial

Este martes, los abogados de todo el país se han concentrado en las calles para denunciar el mal funcionamiento de la administración de Justicia, mal endémico del sistema que afecta, principalmente a los justiciables. Esto es, a todos los ciudadanos. En un reclamo que atañe no sólo al colectivo de los letrados, sino que se extiende al conjunto de la población, incluyendo, sin lugar a dudas, a tramitadores judiciales, Letrados de la Administración de Justicia, Fiscales y Jueces.

Concretamente en Sevilla, la concentración ha tenido lugar frente a los Juzgados en Prado San Sebastián. Allí, horas antes que los abogados, estaban lo representantes de los Letrados de la Administración de Justicia, poniendo de manifiesto sus propias reivindicaciones y solidarizándose posteriormente con sus compañeros. Hasta allí se han desplazado Pablo Gea (Coordinador General del partido político Despertar Social) y Daniel Sánchez Bernal (abogado especialmente significado en la lucha contra las taras del sistema judicial y miembro del mismo partido), con el propósito de apoyar una reivindicación con la que el partido está especialmente sensibilizado, y cuyos integrantes llevan años exponiendo tanto en su acción social como en el desempeño de su labor profesional.

El deficiente funcionamiento del sistema judicial tiene una explicación clara: falta de medios económicos y tecnológicos, a la par que una legislación procesal decimonónica, arcaica y, en la práctica, tendente al formalismo por encima de la justicia material para el ciudadano.

Es por eso que desde Despertar Social se demanda una unión entre los diferentes operadores jurídicos (procuradores, abogados, asesores, letrados judiciales, tramitadores, fiscales, jueces…) para el combate efectivo de las taras que todos sufren y que sólo se podrá ganar de manera conjunta, nunca por medio de acciones aisladas, corporativistas y, en definitiva, poco efectivas.

El abogado Antonio Barrera, miembro de la Ejecutiva de Despertar Social, explica las razones del colapso judicial español y sus consecuencias.

La Iniciativa

Daniel Sánchez, integrante de Despertar Social y abogado, expuso de manera contundente en el programa de televisión El Cascabel las intolerables consecuencias de la huelga de los Letrados de la Administración de Justicia.

La Iniciativa

Daniel Sánchez, integrante de Despertar Social y abogado, expuso de manera contundente en el programa de televisión El Cascabel las intolerables consecuencias de la huelga de los Letrados de la Administración de Justicia, que no parece tener un final visible ( Cope – TreceTV – El Cascabel ). El conflicto abierto entre este colectivo profesional y el Ministerio de Justicia ya está suponiendo una sobrecongestión del sistema judicial, que se añade a la que ya existía.

La cuestión se pone más complicada cuando queda constancia, como así atestiguan los también letrados e integrantes del partido Pablo Gea y Armando Reinoso, que se trata de ocasionar un perjuicio deliberado a los justiciables -que en el fondo son todos los ciudadanos- cuando se miente deliberadamente a los abogados y procuradores para que hagan gastar inútilmente dinero a sus clientes en desplazamientos, para luego darse de bruces con que el juicio se ha suspendido. Ahora, los asuntos legales seguirán acumulándose y la demora en la solución de los conflictos acentuará la ya de por sí arraigada desconfianza en el funcionamiento del sistema judicial.

Lo que sí está claro es que esta situación no puede seguir prolongándose sine die, dejando a las personas sin el amparo judicial al que tienen derecho y a los profesionales que se dejan la piel todos los días para que se haga Justicia sin la dignidad acorde con su profesión.

A continuación te dejamos el video.